Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Aunque las farmacias no han sido precisamente los agentes de la cadena del medicamento más afectados por la política farmacéutica del actual Gobierno socialista, y que nadie podrá reprocharle nunca a este último haber efectuado una defensa tibia o ineficaz del actual modelo español ante los burócratas liberalizadores de Bruselas, existe plena coincidencia en el sector a la hora de lamentar la enorme pérdida de rentabilidad económica que están sufriendo estos establecimientos sanitarios de seis años a esta parte por razones de diferente índole. ¿La primera? La subsistencia del anacrónico Decreto 5/2000, un lastre incomprensible para los boticarios que se mantiene vigente desde los tiempos del PP, sin que ningún partido tenga a bien eliminarlo, aunque sea de forma gradual. ¿La segunda? La rebaja que ha experimentado el margen comercial de las medicinas en España, fruto de las bajadas que lleva aparejado el sistema de precios de referencia, en un contexto, además, de menores precios comparativos con respecto a la mayoría de los Estados de la UE. No hay que restar relevancia tampoco, en este punto, el margen fijo para los medicamentos de precio de venta al público superior a los 91 euros, ya que en estos momentos representan alrededor de un 11 por ciento de la cuota de mercado. Si a ello le unimos la paulatina entrada en el sistema de los genéricos, mucho más baratos y, por tanto, menos rentables, habrá que coincidir con Pablo Martínez, compañero de columnas de EG, en que esto no se sostiene durante mucho más tiempo: numerosos establecimientos emplazados en zonas rurales o urbanas de baja frecuentación corren un serio peligro de muerte si las autoridades sanitarias no adoptan medidas urgentes para evitarlo.
Una vez sorteado el primer gran ataque al sistema farmacéutico español tras el órdago lanzado desde Bruselas, conviene plantearse si tal defunción no puede venir dada por esa merma de la rentabilidad que, paulatina pero de forma constante, se produce en el sistema español. No le faltaba razón a Pedro Capilla al alertar de tal peligro, ni tampoco a Carlos González Bosch, quien desde Cofares ha avisado al respecto, sabedor de que lo que empezaron a sufrir los distribuidores de capital español llegaría tarde o temprano a los puntos de dispensación de fármacos, como así ocurre ya. La amenaza es tan real que en el último congreso de FEFE se analizó ya como principal reto esa merma de ingresos que complica la subsistencia de las boticas. ¿Cuál sería la solución un peligro que pone en jaque incluso la universalidad de la prestación farmacéutica en España, ante la más que posible desaparición de farmacias en núcleos poco poblados o deprimidos económicamente de población? El remedio parece fácil: además de la supresión del farragoso e injustificable decreto, y de la añorada equiparación de precios con Europa, urgen planes para potenciar las especialidades publicitarias y ayudas a las farmacias cuya utilidad como servicio público lo justifique. Es posible también que el margen fijo por la dispensación de productos caros deba revisarse al alza, dado que el actual ha quedado obsoleto.
¿Por qué no ha cuestionado en ningún momento el PP el acuerdo sobre estabilidad y empleo sellado de palabra entre el Gobierno y Farmaindustria?
¿Qué alto cargo del ministerio es absolutamente honesto y no debe despertar ningún tipo de dudas entre sus superiores? ¿Por qué no se acercan sus críticos al barrio madrileño en el que vive para comprobarlo?
¿En qué compañía multinacional se van a producir importantes cambios a nivel directivo antes de que finalice el año?
¿Qué consejero de Sanidad del PP se ha convertido en el principal bastión en el que se apoya su jefe de filas?
