Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Por mucho que se las mire, hay decisiones oficiales que resultan de todo punto incomprensibles. La última de ellas consiste en infrafinanciar el modelo Muface. Y lo es porque de esta manera el peculiar sistema que nació en 1975 queda casi tocado de muerte, justo en un momento de galopante crisis económica en el que lo que menos debería interesar a las autoridades es el colapso de la sanidad pública. El riesgo, desde luego, está ahí, y los argumentos para llegar a tal aserto son elocuentes porque es el propio Gobierno el que los sirve en bandeja de plata. El nuevo convenio que regirá las mutualidades de funcionarios para el periodo 2010-2013 apenas contempla un incremento anual de la financiación de entre un 2 y un 2,5 por ciento. Muy escaso. Sobre todo, si se tiene en cuenta un dato: cada paciente atendido por el Sistema Nacional de Salud (SNS) le cuesta de media anual al Estado unos 2.200 euros. Con el modelo Muface, y bajo el marco presupuestario que ha dibujado el Ejecutivo, el coste será de apenas 650 euros. Pocas compañías aseguradoras, por no decir ninguna, son capaces de prestar los servicios por ese precio y no hacerlo además a pérdidas.
El resultado es palpable: en 2010, para la mutualidad de funcionarios civiles del Estado apenas trabajarán Adeslas, Asisa y DKV. En Isfas, para los empleados de las Fuerzas Armadas, la oferta quedará reducida a Adeslas y Asisa. Las demás compañías han renunciado voluntariamente a participar en el concurso, lo que da una idea de la nula rentabilidad que pueden obtener tras la prestación del servicio. Esta ‘fuga’ de empresas tendrá también consecuencias para los pacientes: alrededor de 300.000 de los cerca de 2,3 millones de beneficiarios existentes se verán obligados a partir de enero a cambiar de aseguradora. ¿Se imagina alguien lo que pasaría si se decantaran en bloque hacia la asistencia pública, en vez de hacia el sector privado? ¿Podrían soportar tal avalancha hospitales y centros de salud de todo el país? Se trata, según fuentes del sector, de la crisis más importante que ha sufrido el modelo de mutualidades desde que allá por los noventa Sanitas decidiera renunciar al mismo. Entonces, hubo una mano salvadora: la del ministro de la época, Julián García Vargas, que vio la que se le venía encima al SNS. Ahora, existen serias dudas de que esa mano vuelva a aparecer, proceda de donde proceda.
El problema de todo ello no es menor. Muerto Muface, la complementaria sanidad privada quedaría asfixiada, y la sanidad pública, ya de por sí saturada, se quedaría sin su principal sostén de descarga. Porque aunque constituya si quieren un régimen privilegiado y hasta cierto punto anacrónico, Muface, nadie lo dude, es la principal razón de la subsistencia del sector privado en España. Desaparecido el primero, el segundo también caería y, por una suerte de efecto dominó, el SNS quedaría tocado de muerte. El ejemplo de Salamanca es elocuente: si allí no hubiera privada, todos los médicos de la provincia quedarían, por ejemplo, abocados al paro.
Preguntas sin respuesta
¿Qué subsector sanitario perderá entre 23 y 26 millones de euros en 2010 por la subida del IVA?
¿Por qué le molesta tanto a Luis Aguilera que Semergen entre en la Wonca? ¿Qué le reprochó el aún presidente de Semfyc a Avelino Ferrero, presidente de Facme?
¿Por qué utiliza la Administración socialista un modelo que denosta, como el de Alcira, para justificar las ridículas primas que abona a las aseguradoras del modelo Muface?
¿Alguien dudaba de la afinidad de la Red Municipal de Salud con el PSOE, tras el último ataque del Ayuntamiento de Rivas contra Esperanza Aguirre a cuenta del centro de salud joven?
