La receta que ha dado el ministro de Fomento es que el gratis total para todos se ha acabado
| 2010-08-27T16:04:00+02:00 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

De aquí a lo que resta para que concluya el año, Trinidad Jiménez y José Martínez Olmos van a poner toda la carne en el asador para sellar un pacto sanitario de gran alcance mediático y dudoso recorrido práctico. Si realmente ambos desean conseguir su propósito, harían bien en partir de dos premisas fundamentales en las negociaciones que mantienen con los grupos parlamentarios y en sus contactos con el sector. La primera es el firme reconocimiento de que el sistema sanitario español se encuentra al borde del colapso financiero y de que su sostenibilidad a corto, medio y largo plazo resulta compleja, por no decir imposible, en medio de la crisis galopante. Como evidencian las cifras de las autonomías, la realidad es tozuda e incuestionable, y negarla no constituye desde luego el mejor antídoto para afrontar el problema. La segunda premisa se deriva de la primera, e implica la renuncia definitiva al debate rancio, partidista y trasnochado, para afrontar con valentía la crudeza de la situación y las posibles medidas que deben adoptarse.

En este punto, cobra de nuevo vigencia el debate sobre la gestión privada y su implicación en los sistemas sanitarios públicos. Tanto Jiménez como Martínez Olmos harían bien en pedir silencio a Tomás Gómez y a los socialistas gallegos, los más activos en una campaña de acoso y derribo referente a una ‘privatización’ que poco o nada interesa a los ciudadanos y que, además, es falsa, maniquea y trasnochada. La llave para que entren en razón no la aportó Manuel Lamela, ni Juan José Güemes, ni Javier Fernández-Lasquetty. Tampoco Alberto Núñez Feijóo o Pilar Farjas. Ni siquiera José Luis García Arboleya en Andalucía, con sus pinitos sobre las fundaciones y la empresa Pascual. El espejo en el que pueden mirarse los altos cargos del Ministerio de Sanidad es el de José Blanco, actual ministro de Fomento.

El gran valedor de José Luis Rodríguez Zapatero y muñidor en la sombra de todos los hilos del socialismo ha decidido desde su departamento afrontar la realidad y dejar a un lado algunos de los postulados más arcaicos que siempre esgrime la guardia más vieja y rancia del PSOE para plantar cara a la crisis. “El gratis total en infraestructuras se ha acabado”, Blanco dixit, añadiendo que “debemos replantearnos la prestación de servicios ferroviarios”. El asunto es claro: ¿cómo es posible que el PSOE cuestione la participación del sector privado en la gestión de servicios sanitarios, mientras cierra el grifo público a las grandes infraestructuras? ¿Qué legitimidad existe para negar una gestión sanitaria privada supervisada por las instancias públicas a un precio más módico, mientras se obliga a los conductores a abonarse al peaje en carreteras o se priva a poblaciones enteras del transporte ferroviario porque no es rentable? La razón de obrar de Blanco es sencilla: no hay un euro en las arcas estatales. Él lo ha reconocido. Harían bien los altos cargos sanitarios en seguir sus pasos y admitir la mayor, aparcando debates estériles y anacrónicos en los tiempos que corren. Si olvidan las dos premisas, su pacto será de mentirijillas. Un titular que durará dos días y nada más.

Preguntas sin respuesta

¿Se ha producido un descenso en la venta de preservativos desde que se liberalizó la venta de la píldora en España?

¿Qué consejero popular no daba crédito y cantó el ‘aleluya’ al enterarse de que la Fadsp, por fin, pedía la dimisión de una consejera socialista, Marina Geli, por su presunta incompetencia?

¿Qué colegio farmacéutico está hasta el gorro de la nula atención que prestan los medios a los asuntos profesionales?

¿Qué carta enviada por Sanidad a los consejeros antes del verano demuestra la improvisación de las medidas punitivas adoptadas por el ministerio hacia los fabricantes de tecnología sanitaria? ¿Qué alto cargo la firmaba?