Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón ’
La gravedad de la situación no admite más dilaciones. Antes de urdir un Pacto por la Sanidad genérico y repleto de grandilocuentes declaraciones de intenciones, el ministerio ha de atender las peticiones de presidentes y consejeros de su propio partido, como el extremeño Guillermo Fernández-Vara o los castellanomanchegos José María Barreda y Fernando Lamata, y ejercer el liderazgo que le confiere la Ley General de Sanidad. Lo primero que debe hacer es llamar a los representantes de los servicios de salud de todo el Estado y a los que ostentan la máxima responsabilidad en la gestión de la asistencia sanitaria. Ha de congregarles, por ejemplo, en un pleno monográfico del Consejo Interterritorial, evaluar con ellos sus necesidades financieras más perentorias, y adoptar decisiones conjuntas y coordinadas que permitan mantener sin sobresaltos la provisión de los servicios en estos dramáticos momentos de una crisis que no ha hecho más que empezar.
La situación es tan grave, el agobio financiero de las CC.AA. tan intenso, que la mayoría de los feudos carecen ya de liquidez suficiente no sólo para pagar en plazo a los proveedores del sistema, sino para cubrir incluso las plazas que quedan vacantes en centros de salud y hospitales en caso de renuncia, enfermedad o jubilación del titular. En Madrid, la merma repentina de la recaudación impositiva por la caída del consumo y la suspensión de los anticipos a cuenta que ha dictaminado Pedro Solbes han complicado en extremo el pago de las recetas médicas a los farmacéuticos. No hay precedentes de una situación parecida en la historia del SNS. Ni siquiera en la anterior crisis de comienzos de los noventa. La angustia ante la falta de cash, ante el desequilibrio de los balances es de tal calibre, que algunos gestores se han planteado también la posibilidad de suspender la aplicación de medicamentos mediante el llamado uso compasivo, al objeto de ahorrar unos euros a las deterioradas arcas públicas. Urge por ello una respuesta conjunta de todo el SNS, una acción coordinada y apartidista que anticipe soluciones antes de que la crisis acabe con el modelo sanitario conocido.
Urge, en definitiva, un análisis exhaustivo de los servicios que se prestan, y un esfuerzo objetivo para deslindar lo principal de lo accesorio, lo prioritario de lo superfluo. Porque el sistema no da más de sí, y si oferta todo, como hasta ahora, puede romperse en mil pedazos. Y urge un esfuerzo financiero importante por parte del Gobierno y de las autonomías. Bernat Soria ha de quitarse su disfraz de investigador y plantear batalla ante Solbes en busca de más fondos. Y los consejeros de Salud han de aparcar su tendencia al derroche y a pensar que el dinero es ilimitado, y ceñirse a planteamientos más realistas. No es de recibo que haya servicios que se dupliquen, que unas comunidades financien con tintes electorales prestaciones que otras no ofertan, y que algunos feudos se lamenten ahora del déficit, después de gastar a espuertas y sin mesura los excedentes que obtenían en años de bonanza. Es hora, en fin, de actuar con racionalidad, ante la extrema gravedad de la situación.
