Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La política farmacéutica en España se ha convertido en el despiporre padre y en el mejor ejemplo de la falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad, que se muestra incapaz de meter en vereda a las comunidades autónomas. Los ejemplos de tal aserto se originaron, posiblemente, por parte de Andalucía allá por 1997, con la aprobación del ‘contramedicamentazo’ y la posterior prescripción por principio activo. Desde 2004, las acciones unilaterales en materia de medicamentos se han multiplicado en progresión geométrica, empezando por Andalucía y siguiendo por Aragón, Castilla-La Mancha, el País Vasco y la titubeante Madrid. Sin embargo, las iniciativas que bordean todas las líneas rojas que parecía imposible traspasar se han producido de un mes a esta parte en Galicia y Cantabria. Es probable que, golpeados duramente por la crisis, ambos territorios actúen con el objetivo de colmar el vacío creado en sus arcas por la complaciente manga ancha de algún alto cargo del ministerio, timorato a la hora de meter mano a la farmacia. Pero una cosa es cuestionar la ligereza de la autoridad central en medio de la bancarrota del sistema, y otra muy distinta es sortearla con iniciativas unilaterales, arbitrarias y, posiblemente, hasta ilegales. Urge un pleno monográfico del Consejo Interterritorial para instaurar el orden ante tanto caos y sembrar la uniformidad donde sólo hay desorden. Un pleno en el que el ministerio fuerce a los territorios díscolos a deponer su actitud, y en el que expongan a las claras a Leire Pajín y sus lugartenientes las razones que les llevan a actuar por su cuenta y riesgo, sin tapujos ni medias tintas. Un pleno que unifique criterios y recoja acuerdos tangibles y aplicables en materia de gasto farmacéutico y sanitario. Acuerdos capaces de aplacar la necesidad recaudatoria de las autonomías sin menoscabar al mismo tiempo la innovación. Es decir, que haga lo que no hizo el ministerio, o hizo rematadamente mal, en estos seis largos años de Gobierno socialista.
De lo que no cabe duda es de que las iniciativas desplegadas en Galicia por la consejera Pilar Farjas y en Cantabria por el director del servicio de salud, José María Ostolaza, rompen el mercado farmacéutico español, juguetean contra la sacrosanta libertad de prescripción del médico y destrozan la innovación. Una nueva estocada para los laboratorios que desarrollan fármacos tras el improvisado y coyuntural ‘tijeretazo’. ¿Para qué autoriza los fármacos si los facultativos no pueden luego prescribirlos o, si lo hacen, pueden luego ser sustituidos con criterios políticos? ¿Qué horizonte de estabilidad les ofrece el Gobierno a las compañías que se animaron a invertir en la desvertebrada España? Las iniciativas de ambas comunidades deben hacer pensar también a los médicos serios. Si echan una mirada atrás, se darán cuenta de que han perdido paulatinamente sueldo y autonomía sin que nadie ponga remedio a tal drama. Las enfermeras les pasaron primero por la izquierda. Ahora, son las autoridades las que ordenan sus prescripciones. A este paso, serán los ordenadores los que les digan lo que debe consignarse en las recetas. Ya sólo falta que el Ejecutivo les apruebe la cirugía celadora.
Preguntas sin respuesta
¿Qué organización trata de chantajear a Farmaindustria a cambio de fondos y busca mover de la silla a Humberto Arnés?
¿Qué patronal del sector sanitario podría ser “redimensionada” ante los efectos de la crisis?
¿Qué personaje del sector es conocido como el Al Gore de la Sanidad?
¿Qué organización vapuleada informativamente por un colectivo rival tiene los arrestos de impartir ahora lecciones de comunicación? ¿De quién fue la ocurrencia?
¿Qué ‘dircom’ de la industria ha sufrido ya en sus carnes la embestida de la crisis?
