Madrid se queda sola en su rebeldía, pero no es descartable que a medida que avance 2013 otros se le sumen
¿Informó Madrid a la ministra de Sanidad, Ana Mato; la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas; o el director general de Cartera de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, de que iba a implantar el euro por receta en la comunidad?
¿Cuándo se enteraron los tres la medida?
¿Opina realmente el ministerio que la tasa es inconstitucional?
¿Qué papel va a jugar Juan José Francisco Polledo en Farmaindustria?
¿Qué laboratorios están horrorizados ante el escándalo desatado en Semergen?
La inesperada decisión de Ignacio González, a la sazón presidente de la Comunidad de Madrid tras la marcha de Esperanza Aguirre, de seguir los pasos de Cataluña e imponer un euro por receta en su territorio ha reabierto durante las últimas dos semanas un intenso debate entre los sanitarios cercanos a Génova sobre el futuro de la prestación farmacéutica en España. A día de hoy, en el Partido Popular se imponen las tesis oficiales emanadas de la órbita del propio Mariano Rajoy y secundadas fielmente por la ministra del ramo, Ana Mato. A pesar de la crudeza de la crisis económica, de la dificultad de encontrar nuevos nichos de ahorro para cuadrar el déficit público en 2013 y de la acentuada presión de los mercados sobre la deuda española, en Moncloa estiman que no es sensato ni prudente imponer un doble pago a los ciudadanos en materia de medicamentos.
En línea con las palabras del propio presidente del Gobierno, los que esgrimen tal argumento denostan la nueva tasa impuesta por Madrid y son partidarios de meter alternativamente la tijera en las prestaciones sanitarias, hasta ahora indemnes ante los vaivenes de la crisis y la poda al gasto que se está realizando. Hay muchos servicios y tratamientos que se están pagando a precio de oro y que son accesorios para la salud de los enfermos, por lo que parece razonable actuar por esta vía antes que imponer más cargas a los ciudadanos cuando adquieran fármacos en las boticas, sobre todo si se tiene en cuenta que ya se ha revisado al alza el copago de los medicamentos en España y que se ha producido una fortísima subida del IVA. En este contexto trabaja Sanidad, que rechaza oficialmente a capa y espada la generalización del euro por receta y su extensión, mediante una suerte de efecto dominó, a otros territorios como Galicia o Castilla y León. Algún preboste, quizá influido por la línea de CiU, postula incluso la necesidad de negociar con Cataluña y con Madrid para que retiren la imposición del euro a cambio de un incremento mayor de ese copago, pero la idea está absolutamente descartada en las instancias oficiales y en los despachos de mayor rango del Ministerio de Sanidad. La duda estriba en saber si Madrid aceptaría dar marcha atrás, algo que no parece probable.
Obvia decir que otra rama importante de sanitarios del PP no vería con malos ojos la extensión de la tasa a todo el país. Argumentan que a las autonomías les será materialmente imposible obtener otros 10.000 millones de ahorro extra en 2013 para cumplir con la meta de déficit pactada con Bruselas, cantidad que será más alta porque este mismo ejercicio se producirá una desviación importante en algunos feudos. De momento, varios consejeros del PP aguardan cautos, tras oír a su presidente rechazar en público esta opción. De momento, Madrid se queda sola en su rebeldía, pero no es descartable que a medida que avance 2013 otros territorios se le sumen angustiados por la falta de fondos y la caída de la recaudación impositiva.
