¿Qué compañía farmacéutica que se ubica en Cataluña desde tiempos inmemoriales es una de las más enfadadas con la obligatoriedad de etiquetar en catalán que ha impuesto la Generalitat?
¿Qué compañía de medicamentos genéricos presume de tener una relación más que cordial con la Agencia Española de Medicamentos?
¿Está apretando Hacienda a Sanidad para que adopte alguna medida especial con la que aliviar el déficit público?
¿Qué sociedad científica ha enervado en las últimas dos semanas a una patronal? ¿Por qué?
A la industria farmacéutica y a los fabricantes de tecnología sanitaria que operan en España les crecen los enanos. Tras soportar durante los últimos años los efectos de una batería de medidas de ajuste diseñada por el Gobierno y las comunidades, se topan ahora con la intransigencia nacionalista y los caprichos de un ejecutivo autonómico muy belicoso: el de Artur Mas. Caprichos delirantes. El último consiste en obligar a las compañías a traducir al catalán los prospectos y a asumir el coste del proceso. La decisión parte de la Agència Catalana de Consum. Este órgano, uno de los muchos que pueblan la megalómana burocracia de esta comunidad, que tanto cuesta a las arcas públicas y a los ciudadanos, ha planteado tanto a Farmaindustria como a Fenin, las principales patronales del sector, la obligatoriedad de incorporar una versión catalana al etiquetado y/o instrucciones de los fármacos y productos sanitarios destinados a ser utilizados directamente por los pacientes en Cataluña. Según la ‘agència’, la disposición se establece en cumplimiento de la Ley 1/1998, de Normalización Lingüística de Catalunya. Como el capricho cuesta claro, y las quejas del sector, incluidas las de las compañías afincadas en Cataluña, son notables, la Generalitat ha aceptado un arreglo intermedio, que no deja de ser sangrante, por cuanto mantiene entretenidas a las empresas en un momento en el que deberían centrarse en recuperar el dinamismo y crear empleo, y porque implica un coste que podría destinarse a otros menesteres más productivos. Entre otros, salvar empleos.
En principio, haciendo uso de su magnanimidad, la ‘agència’ permitirá cuando “no sea posible la modificación de los envases incluyendo el etiquetado de los prospectos en catalán” que las empresas traduzcan los mismos y los suban a una web llamada Cedimcat. Tanto laboratorios como fabricantes de la órbita de Fenin se han comprometido a efectuar un proyecto piloto para evaluar los resultados de la iniciativa. ¿Quién paga todo el proceso? Obviamente, la carga no recae sobre los magnánimos gestores catalanes, sino que vuelve a ser para las empresas. Como gran ayuda, la Generalitat les ofrece una nómina de traductores cuyos servicios serán sufragados por las compañías de su cuenta de resultados. Algunos pensarán que el coste no es tan elevado, pero el problema es que llueve sobre mojado, y que proliferan como las setas las ocurrencias de los capitostes de los reinos de taifas que detraen recursos al sector sanitario en asuntos banales. Ante el affaire catalán, las compañías han optado por aceptar la propuesta intermedia al ser menos gravosa que la inicial, y porque no quieren entrar en enfrentamientos que pudieran tener luego repercusiones para sus productos. Como se ve, la guadaña de Mas y Boi Ruiz se cierne sobre todo el que no pase por el aro.
