Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Aunque la Salud Pública sea una de esas materias calificadas casi como de Estado, en las que huelgan las críticas gratuitas, las añagazas partidistas y los politiqueos vacuos, hay veces en las que conviene airear dudas y manifestar extrañezas ante las actuaciones desplegadas por las autoridades sanitarias. La crisis de la llamada gripe A constituye uno de los mejores ejemplos en este sentido. Hasta la fecha, pocos pueden dudar del encomiable esfuerzo que tanto la Dirección General de Salud Pública, como José Martínez Olmos y la propia ministra, Trinidad Jiménez, están realizando, en previsión de que la eclosión de casos afecte también a España con la bajada de las temperaturas. Esfuerzos ímprobos de coordinación sanitaria autonómica; esfuerzos económicos en lo referente a la adquisición de vacunas y de fármacos que atajen los efectos, que no la raíz, del virus, y esfuerzos notables en los medios de control de la enfermedad allá donde se manifieste, mediante la confección de guías y protocolos de actuación. Sin embargo, hay decisiones que sorprenden, y mucho, por inexplicables, o por no estar en sintonía con las que adoptan numerosos países de nuestro entorno. A estas alturas, resulta cuando menos paradójico que en España sólo vaya a haber vacunas para alrededor de un 40 por ciento de la población, cuando en Francia y Reino Unido sus autoridades han mostrado la intención de inmunizar prácticamente a todos los ciudadanos, sin casi distinción por grupos de edad o de riesgo. Llamativa es, también, la decisión española de incluir la obesidad dentro de estos grupos de riesgo cuando hay estados de la UE que la excluyen, o que aquí queden fuera de la inmunización guarderías, residencias de ancianos o cuarteles, potenciales focos de propagación de la enfermedad, como así se ha visto.
Otras dudas que surgen son la de la fecha de la llegada de la vacuna a España, y la de los paneles de expertos de los que se está asesorando el Ejecutivo para desplegar su plan contra la pandemia. Con respecto a la primera, el oscurantismo es casi total, al no precisarse el mes de la recepción de las dosis por parte de los fabricantes. Fuentes de Sanidad reconocen que lo más probable es que se produzcan al menos 30 días de retraso con respecto a los plazos de entrega pactados inicialmente, algo que no ocurrirá, previsiblemente, en otros países de nuestro entorno. Con relación a la segunda cuestión, resulta llamativo que los especialistas de primer orden que ha puesto a disposición del ministerio una compañía farmacéutica hayan quedado excluidos, y que la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) haya quedado también relegada pese a la gigantesca representatividad con la que cuenta en todos los centros de salud del país. Surge aquí la pregunta de si dichas exclusiones han sido sólo fruto del apresuramiento de Sanidad a la hora de diseñar los planes de actuación contra la gripe A, o si responde más bien a un intento de apartar a posibles voces críticas y más estrictas a la hora de poner en marcha las actuaciones de salud pública. Si la respuesta es lo segundo, el ministerio habrá cometido un grave error.
Preguntas sin respuesta
