Como es obvio, las comunidades autónomas pretenden que los cambios en el precio sean inminentes
¿Qué alto cargo del ministerio se reunió con los directivos de una patronal la tarde del 18 de abril, día del Consejo Interterritorial?
¿Qué artículos llevaba marcados con post-it en dicho encuentro?
¿A qué agente de la cadena del medicamento llamó la ministra el día 19 pidiéndole que su organización parara la divulgación de una nota sobre el decreto de ahorro?
¿Qué duda sobre el término “extranjero” llevó a Sanidad a retrasar la publicación en el BOE de su decreto de ahorro?
¿Por qué teme ahora Sanidad que la desfinanciación de productos de bajo valor terapéutico suponga a la larga un aumento del gasto en fármacos?
El plan de choque contra el gasto farmacéutico que pretende poner en marcha el Ministerio de Sanidad, conocido también como “plan de mentirijillas con ciertas dosis de mala leche” o, simplemente, decretiño, ha sumergido al sector en una ceremonia de la confusión de la que, semanas después de aprobarse, todavía no ha logrado escapar. Fallos en la redacción, artículos que dan pie a múltiples interpretaciones, omisiones curiosas e inexplicables… Antes de la llegada del texto al Congreso, el desconcierto era total, y las dudas sobre su aplicación eran más grandes entre los agentes relacionados con la cadena del medicamento que las certezas sobre el posible ahorro para las arcas públicas que podría reportar. El artículo 93 es, quizá, el mejor de los ejemplos de lo comentado. Ideado en principio por Pilar Farjas y sus colaboradores como una herramienta para dar carta de legalidad a los temidos jumbos, al menos en la parte bis, finalmente fue modificado, dando pie a una redacción sorprendente. Tras mucho elucubrar, varios de los supuestos afectados interpretan que el ministerio pretende incluir en el sistema de precios de referencia productos que hasta ahora permanecían fuera del mismo y a los que, por tanto, no se les podía bajar el precio. Se trataría de los aerosoles, sin bioequivalentes. Pero el verdadero galimatías se produce con la alusión al cambio de precio. Como es obvio, las autonomías pretenden que dichos cambios sean inminentes. Farmaindustria es partidaria de atender urgentemente tales peticiones modificando el código nacional en el envase y aprobando dicha rebaja el mismo día que sale el genérico. Sin embargo, numerosos laboratorios se oponen por razones de tiempo y coste. La alternativa sería que Sanidad informara con antelación de la autorización del genérico para contar con tiempo suficiente para comenzar a vender a precio bajo. La duda es: ¿se cambiará el código de forma automática o no?
Otro frente abierto es el artículo 85, que parece no cerrar del todo la puerta a la sustitución de una prescripción de marca por parte del farmacéutico, como se desprende de las notas ambiguas que publican estos días algunos colegios de boticarios. En principio, ha desaparecido la obligatoriedad de la receta por principio activo, pero tampoco se prohíbe. Ahí es donde se agarran algunas comunidades para mantener la política que aplicaban hasta ahora. La patata caliente parece que está, pues, en el tejado de los consejeros. Pero solo parece. También la parte bis del artículo da pie a múltiples lecturas. ¿Podrían efectuar las autonomías en base al mismo “reservas singulares”? ¿Están facultadas para ello? ¿No multiplicará el texto la litigiosidad entre los laboratorios y las consejerías?
Aunque se podrían citar muchos más casos, como el galimatías de los precios seleccionados, voy a aludir aquí, finalmente, a dos omisiones extrañas: la primera es que en el decreto ha desaparecido la obligatoriedad de presentar el precio de otros países cuando se pida precio al laboratorio comercializador. La segunda es la desaparición de las innovaciones galénicas. ¿Misterios legislativos o asuntos pendientes de un posterior desarrollo? En cualquier caso, un embrollo.
