María Teresa Pagés quiere averiguar si la aplicación de las políticas por principio activo crea problemas a los farmacéuticos y solventarlo
El Consejo General de Farmacéuticos intentará que el fruto final de la comisión sea lograr un periodo de convivencia en precios menores
j. m. lópez
Madrid
Una semana después de que este periódico publicara la existencia de conjuntos de precios menores por encima de los precios de referencia, la Dirección General de Farmacia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) han acordado constituir una comisión de trabajo en la que técnicos de ambos organismos puedan analizar los aspectos más relevantes vinculados a la aplicación de la Orden Ministerial de Precios de Referencia y consensuar entre las dos partes los cambios a implementar para facilitar la labor de los farmacéuticos, especialmente en el periodo de transición para la aplicación de la misma.
Además, esta comisión intentará minimizar el efecto de las posibles distorsiones y errores que se puedan encontrar en los listados de precios. Así lo confirmaron a este periódico tanto la directora general de Farmacia, María Teresa Pagés, como el presidente del CGCOF, Pedro Capilla.
La primera reunión de esta comisión se celebró el viernes pasado en la sede del Ministerio de Sanidad bajo dos premisas. La primera, que la Orden de Precios se ha convertido ya para Sanidad en una medida “de carácter estructural, imprescindible” para la sostenibilidad del sistema. Y dos, que bajo la voluntad de aplicar la norma en beneficio del sistema y de los pacientes, el ministerio se pone al servicio de los farmacéuticos para facilitarles una mayor información acerca de los listados de precios “o cualquier cosa que agilice su gestión”.
El orden del día de esta cita giró principalmente en torno a la aplicación de los precios menores, que a 1 de enero se situaban por encima de los precios de referencia en miles de presentaciones. “Se trata de ver qué es lo que origina la confusión, si la aplicación de las políticas de prescripción por principio activo crea un problema a los farmacéuticos o no y en qué medida, dentro de nuestro marco jurídico y de acuerdo con las comunidades autónomas, podemos facilitarlo”, explicó Pagés.
En todo caso, Sanidad no tiene previsto, al menos por ahora, reunirse con las comunidades para tratar este asunto, aunque compartirá con ellas los resultados obtenidos con los farmacéuticos. “Ellas tienen capacidad de gestión. El listado de precios menores no les ocasiona ninguna alteración”, explica la directora general.
El ministerio asegura que la situación no generará problemas en ninguna comunidad autónoma y “en absoluto” cree necesario acometer ninguna modificación en la orden para que ésta haga referencia al nomenclátor de febrero no al fechado el 31 de julio, que según la Dirección General de Farmacia es el empleado para elaborar los anexos de la orden, y evitar así la existencia de precios menores por encima de los de referencia hasta junio. “La orden es correcta”, asegura Pagés.
Por su parte, desde el CGCOF se intentará que el fruto final de esta comisión sea lograr un periodo de convivencia efectivo en la aplicación de los precios menores, ya que Capilla entiende como el ”mínimo exigible” una convivencia de precios también en este listado para que no produzca “sobresaltos”.
Pagés quiso enfatizar los esfuerzos que su departamento está poniendo en marcha para acelerar la disponibilidad de la información a todo el sector gracias a la mejora de la informatización llevada a cabo. Además, quiso transmitir al sector que lo que quieren es “aplicar la norma en beneficio del sistema y de los pacientes”, y que ante cualquier dificultad, “como ésta u otra que la complejidad de la norma lleve implícita”, se reunirán con los farmacéuticos para facilitarles su gestión.
