Como si de una solicitud de protección al ‘hermano’ mayor se tratase, y conscientes de la gravedad de un problema que lejos de aminorar sigue creciendo, el Ministerio de Sanidad ha pedido ‘ayuda’ al Ministerio de Justicia para combatir el mercado fraudulento que supone la falsificación de medicamentos. Un negocio ilícito que incluso ya deja a las mafias que operan en él “un 25 por ciento más de beneficios” que a aquellas que trafican con droga, según destacó la directora de la Agencia Española del Medicamento, Belén Crespo, durante su intervención en el VII_Encuentro de Protección Jurídica del Paciente organizado la semana pasada en Santander.
¿Cómo puede concretarse esta colaboración interministerial? Según apuntó Crespo, el actual Código Penal no tiene suficientes penas en relación a estas prácticas y, por tanto, sería óptimo “modificarlo para adecuar el régimen de sanciones e infracciones”. Para la directora de la Aemps, las cuantías de las sanciones por operar fraudulentamente con medicamentos —sean falsos o no— se han quedado “cortas” en relación con los beneficios económicos que obtienen los infractores. Para ello, puso un ejemplo: la máxima pena aplicable actualmente en España es de un millón de euros “en casos en los que los beneficios alcanzan miles de millones”, alerta.
En este mismo encuentro celebrado en Santander, Crespo resaltó que “no es posible combatir” el negocio de los medicamentos falsificados con infracciones administrativas, sino que también debería llevarse a cabo “desde el punto de vista legal”, opina. No obstante, sí reconoce que en dicho ámbito sancionador, resulta “imposible ir al ritmo” de determinadas prácticas ilegales en relación al negocio de medicamentos.
En el VII Encuentro sobre protección jurídica del paciente se expuso que, debido a la facilidad de fabricación y transporte de fármacos falsos, junto a los elevados beneficios y lo lucrativo del negocio, han propiciado el incremento de mafias que se dedican a este mercado.
