Atenta contra al derecho de los andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad; contra la libertad de prescripción del médico y contra la libre competencia. En suma, se trata de un “auténtico recorte en las prestaciones sanitarias”. Así se ha referido la ministra de Sanidad, Ana Mato, a las subastas de principios activos de Andalucía, tras la interpelación realizada en la Cámara Baja por el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, que solicitaba impulsar esta medida a nivel nacional para ahorrar 1.500 millones de euros.
La ministra ha desvelado que el anterior equipo ministerial “dejó escrito y firmado un informe de análisis valorando de manera negativa la subasta” y se ha referido también al contingente que actualmente amenaza con enturbiar la relación entre las dos administraciones. Según Mato, existen razones “más que suficientes” para que el Estado presente un recurso ante el Constitucional para anular el decreto andaluz, aunque el Gobierno ha preferido impulsar los mecanismos constitucionales de diálogo (que en la práctica permiten prorrogar el plazo del Estado para presentar un recurso después de las elecciones andaluzas), en línea con el Pacto por la Sanidad que se quiere alcanzar.
