Si la salida de esta crisis pasa, al menos en parte, por crear un tejido productivo que aporte valor añadido y que haga que la economía española sea competitiva en los mercados internacionales, no se puede obviar el carácter innovador de la industria farmacéutica, que puede jugar un papel importante en el futuro de nuestro país. Eso, si el Gobierno guarda la tijera en un cajón y se decide a incentivar la labor que esta realiza, con medidas como la introducción de la aportación al PIB como criterio fundamental para la inclusión en la prestación farmacéutica, que ha quedado establecido en el nuevo Real Decreto-ley 16/2012.
Este modifica el artículo 89 bis de Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios para señalar que además de los criterios de coste-efectividad, de impacto presupuestario y de innovación, para un mismo resultado en salud se tendrá en cuenta “la contribución al Producto Interior Bruto (PIB)” que realizan los distintos productos y por consiguiente las compañías propietarias.
Esta novedad, que parece haber sentado bien en el seno de la industria, ha servido para que el Ministerio de Sanidad saque pecho y se atreva a decir que “es una muestra de que existe una apuesta decidida por el desarrollo de la industria farmacéutica en España”.
Ataques a la industria
Y eso, pese a que tanto Farmaindustria como diversas entidades habían calificado previamente el RDL como un “ataque” a la industria y a la propia innovación, dado que se prevén nuevos recortes en los precios de los medicamentos a través de la implantación del modelo de financiación por precio seleccionado, de la central de compras… Al margen de esto, la industria ha optado por aplaudir de forma particular la decisión de ligar aportación al PIB con inclusión en la prestación. A este respecto, fuentes del sector han confirmado a EG que entienden que puede ser “una medida favorable”, aunque faltan por conocer los matices.
Asimismo, estas fuentes pusieron en valor la contribución que realiza la industria a la riqueza del país, “a través de la generación de empleos de alta cualificación, por sus inversiones en I+D, así como con las exportaciones que se realizan desde las plantas de producción que las compañías tienen instaladas en territorio español”. Lo más destacado de esta decisión, comentan, es que puede suponer un cambio en la percepción que las autoridades tienen de los medicamentos. “Hasta ahora siempre han sido vistos como una fuente gasto para el sistema de salud”, dicen, y se felicitan porque ahora se ponga en valor su aportación.
Marco estable
Pese a que algunas compañías han accedido a atender a EG, Farmaindustria ha preferido mantenerse al margen de este asunto. Su posición oficial con respecto al RDL ya se conoce, y fue el mismo Jordi Ramentol, presidente de Farmaindustria, el que pedía la semana pasada un marco estable para que las compañías puedan seguir invirtiendo en España, para lo cual sugería a las autoridades la iniciación de conversaciones para adecuar la norma actual. A este respecto, desde la dirección general de Farmacia del Ministerio de Sanidad confirmaron a EG que hasta el momento “no ha habido solicitud oficial por parte de la patronal para una reunión bilateral”, aunque admitieron que el contacto es “fluido y permanente” con los representantes del sector.
Además, estas mismas fuentes aseguraron que se mantiene la intención de “dotar a la industria de un marco estable para que pueda establecer planes a largo plazo”.
