Un estudio de UPyD cifra en 26.000 millones el sobrecoste autonómico
La sanidad y la educación han tirado de los gastos de personal desde 1990
c. r.
Madrid
La realidad se impone en los Planes Económico-Financieros de Reequilibrio 2010-2012 que las comunidades deben llevar al Consejo de Política Fiscal. Hasta Canarias, defensora a ultranza hasta el momento de eximir a la sanidad de los ajustes presupuestarios, ha tenido que rectificar y admitir que, al menos para 2010, el recorte de 130 millones en el presupuesto de este año afectará a todas las áreas. Frente a los inevitables recortes ha resurgido una solución que, según sus impulsores, no supondría tijera alguna: recentralizar competencias para evitar así gastos superfluos en forma de duplicidades administrativas.
El libro El coste del Estado autonómico, promovido por UPyD, el partido de Rosa Díez, reconstruye la teoría de que el estado de las autonomías ha fortalecido al país en muchos aspectos, pero que a día de hoy no sólo no es sostenible, sino que en la coyuntura actual es más bien “un factor de crisis” añadido. De hecho, sus autores cifran en 26.000 millones de euros —la misma cantidad que componen los intereses de la deuda anual de España— el ahorro que se podría conseguir corrigiendo las “disfuncionalidades” en el gasto de las distintas administraciones públicas.
Una parte de los gastos en los que ha incurrido el desarrollo de 17 “miniestados”, la relativa a los costes de los Gobiernos, consejerías y parlamentos regionales, son inevitables. Pero a pesar de ser así, el libro apunta a costes “desproporcionados”. En Cataluña, por ejemplo, el coste por diputado es el doble que en el Congreso. Buena parte de los gastos, eso sí, son evitables: universidades, medios de comunicación públicos autonómicos endeudados, proliferación de organismos públicos o público-privados…
La sanidad también tiene ejemplos. “Una política de contratación centralizada (jeringuillas o algodón para hospitales) sería más eficiente para conseguir mejores precios mientras que una contratación parcializada reduce las capacidades de negociación, al menos en términos de economía de escala, pero el Estado ha hecho dejación de la competencia de coordinación general que a este respecto le atribuye la Constitución”, señalan los autores.
Empleo público
Capítulo aparte merece la evolución del empleo público en España en el periodo 1990-2009. Los datos permiten apreciar un radical adelgazamiento del aparato público estatal, que se ha reducido en un 56 por ciento, 733.671 personas. Aunque el Estado gestiona el 50 por ciento del presupuesto total, en realidad un 30 por ciento de esa cifra se refiere a seguridad social, “tarea que se lleva a cabo con notable eficacia por apenas 20.000 empleados públicos”.
Sin embargo, esta correspondencia no se da en los otros niveles administrativos: ni en las comunidades, que con un 50,6 por ciento del personal gestionan el 35 por ciento del presupuesto, ni en las entidades locales, que con un 23,8 por ciento de personal gestionan el 15 por ciento del presupuesto. Aquí puede influir, según UPyD, que corresponde a las comunidades gestionar la educación y la sanidad, dos sectores altamente demandantes de personal.
“En todo caso —añade—, el modelo resultante no es piramidal sino tipo vasija con bastantes ‘michelines’ en el nivel autonómico, lo que lleva también a un dato un tanto paradójico: que el 50 por ciento del presupuesto corresponde a los entes territoriales, pero que éstos requieren para gestionarlo contar con el 74,3 por ciento del total del personal total”. Los planes de reequilibrio de algunas comunidades ya reflejan esta situación, y los expertos señalan que la congelación de salarios públicos es una apuesta segura.
