José María López Alemany
Una vez finalizado el periodo de alegaciones al proyecto de Orden de Precios de Referencia (PR) no puedo más que estar de acuerdo con lo expresado en la mayor parte de las mismas por los diferentes agentes del sector. Aunque estemos en tiempos difíciles (o tal vez por ese motivo) no se debe perder la oportunidad de aplicar el sentido común a las decisiones que se tomen desde la Administración.
Las presiones de las comunidades autónomas para incrementar los ingresos y reducir los gastos son tremendas, pero no se puede someter a todo un sector a una penuria como la que sufre todo el ámbito farmacéutico en los últimos cuatro años, durante otros cuatro.
Por ese motivo, en relación a la última Orden de PR, las demandas del sector son tan importantes. Se trata de asegurar la confianza, e incluso la supervivencia de muchas pequeñas empresas y farmacias, mediante cambios ridículos si se valora el coste de su implementación. ¿Cuánto dinero costaría que el anejo de precios menores entre en vigor junto a los PR? ¿Cuánto dinero costaría que se subiera el sempiterno límite de los dos euros (a PVL) en función del IPC? ¿Cuánto dinero costaría que los PR y los menores se calcularan en función de las especialidades realmente comercializadas? ¿Cuánto costaría que las actualizaciones del anejo 5 se realizaran anualmente? ¿Cuánto costaría que se estableciera un periodo de convivencia para el anejo 5?
Realmente, el ahorro logrado no creo que compense los problemas con el stock, la falta de seguridad jurídica y de confianza.