Isabel Vallejo, vicepresidenta de RR.II. de FEFE
En la vida nada se regala, todo se conquista, y una prueba es la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el auto prejudicial de Asturias, ante el que no todos compartían nuestra opinión de que aquí también se jugaba el modelo y había que personarse. La reflexión de unos y la tenacidad de otros permite hoy la alegría de todos y desautoriza el dictamen motivado. Han sido necesarios cuatro años para demostrar que el modelo, regulado, planificado y con titularidad-propiedad del farmacéutico, no incumple las normas comunitarias, responde al interés general y sirve mejor a los ciudadanos.
La farmacia se sustenta en una estructura legal hoy refrendada, pero también precisa un sustento económico, importante a la hora de prestar el servicio para el que ha sido diseñada. Así, la desaparición de nuestro modelo puede producirse por el mazo de la ley o por la inanición económica, y hoy nos encontramos en este segundo supuesto. Los RDL del Gobierno nos colocan al borde de la supervivencia y no responden a una política de mejor gestión sanitaria. Son abusivos descuentos a las oficinas de farmacia sobre la misma partida de gasto. Todas soportan desde el 1 de junio un descuento del 7,5 por ciento en el 80 por ciento de su factura al SNS.
También nos veremos obligadas a realizar descuentos encubiertos al dispensar fármacos recetados a precio de medicamentos no comercializados. Además, las farmacias que superen los 37.000 euros mensuales de facturación al SNS se verán sometidas al macro-descuento del RD 5/2000, que supuso en 2009 una aportación de 760 millones de euros. A lo anterior tenemos que sumar las pérdidas por la bajada de precios en EFG y ahora en productos sanitarios, así como las órdenes de PR, con la disminución de volumen de ventas y devaluación de stocks. Pero no terminamos aquí, ya que el Gobierno, de manera silente, está creando una ‘cadena de farmacias públicas’ a las que se verán obligados a ir los pacientes para obtener, en principio, fármacos sometidos a visado. Además, pretende instaurar la dispensación de unidosis, lo que vulnera el derecho a la información y la seguridad del paciente. Importantes recortes sociales y económicos sin coste político para los autores.
Ante esta economía de guerra, reclamamos rigor a la Administración y a nuestro entorno logístico y administrativo. Necesitamos minimizar los daños y, por tanto, no podemos subvencionar servicios ni mantener estructuras opulentas que sobrecargan económicamente a nuestras farmacias. Queridos compañeros, tenemos una nueva cruzada, porque en la resignación no existe futuro y no queremos ejercer como lacayos de los poderes económicos. Nuestro modelo está nuevamente en peligro y esta vez por el ataque de los mercados, pero nos asiste la razón legal, sanitaria y social.
