La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha mostrado su temor de que el Gobierno central eleve este viernes un nuevo recurso, el tercero, contra la subasta pública de medicamentos andaluza, una medida con la que el departamento del ramo tiene previsto ahorrar unos 200 millones de euros cuando se saquen a concurso todas las moléculas que no se encuentran sujetas bajo patente. En este sentido, Montero precisó a Europa Press que existe “un rumor muy extendido” de que el Ejecutivo central “presente este viernes o el próximo viernes 1 de marzo”, hecho del que informaría tras la reunión del Consejo de Ministros.
“Lo único que sabemos nosotros es por lo que está circulando en algunos medios de comunicación, de que podría interponerse por tercera vez un recurso de inconstitucionalidad”, ha puntualizado al respecto, además de precisar que en esta ocasión el recurso sería “para la segunda convocatoria que hicimos de medicamentos, en el que tenemos calculado un ahorro de más de 80 millones de euros”.
Igualmente, Montero volvió a insistir que esta forma proceder del ministerio que dirige Ana Mato “supone un abuso de ley y un grave quebranto para la sanidad andaluza, ya que teníamos previsto ahorrar 200 millones de euros con esta medida”. “Este montante viene ya plasmado como ahorro en los presupuestos, por lo que, en caso de que la subasta no siguiese adelante, nos obligaría a tomar medidas adicionales para poder posibilitar el cumplimiento del objetivo de déficit que, por otra parte, nos está permanentemente demandando el Gobierno central. Es ahí donde se muestra una vez más lo contradictorio de este Gobierno central”, ha zanjado.
Listo
El Gobierno central ya confirmó recientemente que tiene pensado presentar en próximas fechas este nuevo recurso de inconstitucionalidad frente a la subasta de medicamentos de la Junta de Andalucía, después de que el Tribunal Constitucional levantara el pasado 17 de diciembre la suspensión que pesaba sobre esta medida por un recurso previo del Ejecutivo. Este nuevo recurso se produciría después de que, una vez levantada la suspensión del TC, la Junta andaluza publicara el 20 de diciembre la segunda convocatoria pública para la selección de medicamentos. Ante esta decisión, Sanidad viene sosteniendo que “todo acto administrativo es recurrible” y, por ende, solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que procediese a presentar un nuevo recurso.
Además, desde el Gobierno insisten en recordar que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la medida, ya que el levantamiento de la suspensión cautelar se produjo después de que el Alto Tribunal no viera razones “suficientes” para mantenerla.
