Integrada en el ‘núcleo’ duro de la ejecutiva regional del PP andaluz, Ana María Corredera ha llevado a cabo una oposición muy activa a la política sanitaria de María Jesús Montero, especialmente las adoptadas en el ámbito de la Farmacia desde que la crisis empezó a hacer estragos. EG ha hablado con ella.
Pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el estado general de la política farmacéutica andaluza y de la subasta hospitalaria en particular?
Respuesta. Andalucía lleva años trabajando en medidas para el uso racional de medicamentos, como la prescripción por principio activo, que han llevado a disminuir el gasto farmacéutico de forma importante. Pero el recorte presupuestario en política farmacéutica en los últimos años ha sido importante y ha tenido como consecuencia la toma de decisiones desacertadas y de carácter puramente economicistas, como la subasta de medicamentos o la subasta hospitalaria que, a nuestro entender, perjudican a los andaluces.
P. ¿En qué medida y a quién puede afectar la subasta del 24,7 por ciento del mercado hospitalario andaluz?
R. Principalmente a los pacientes, que son los receptores de esos tratamientos, pero también tiene consecuencias sobre el sector farmacéutico. Lo lamentable es que medidas puramente economicistas, en un intento de control del gasto farmacéutico desmedido, puedan afectar al tratamiento de los enfermos, y como consecuencia poner en riesgo su salud.
P. ¿Ha iniciado el PP contactos con el sector? ¿Qué conclusiones han extraído?
R. Desde el PP-A mantenemos continuos contactos con el sector, que nos ha trasladado su preocupación, no solo por las medidas que está tomando el Gobierno de Andalucía y las consecuencias que puede acarrearles, sino sobre todo por la falta de diálogo de la administración regional, que presenta sus iniciativas al sector como una sucesión de hechos consumados, sin posibilidad de proponer alternativa alguna.
P. Según la Junta y algunos médicos, las ATEs llevan más de diez años en la práctica hospitalaria. ¿Ahora es más grave?
R. Una cosa es el uso de las Alternativas Terapéuticas Equivalentes que establece la Aemps, basado en la evidencia científica, y otra cosa es la intención de la consejería de Salud de establecer un acuerdo marco de homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones, con un presupuesto de 240 millones de euros para la compra de medicamentos para ser suministrados en los hospitales. Hablamos de una “nueva subasta” de medicamentos, esta vez a nivel hospitalario, lo que puede invadir competencias del Estado.
P. ¿Salvará el cambio de nombre los escollos legales introducidos en la Ley de Garantías?
R. No creo. Se llame como lo llame, hablamos de lo mismo.
P. ¿Siguen viendo trabas a la libertad de prescripción?
R. Sí, sinceramente no creemos que esté garantizada. Queda absolutamente condicionada por la decisión del gobierno regional.
P. ¿Teme el PP que esta fórmula andaluza se extienda a otras comunidades?
R. No tengo conocimiento de las medidas que puedan estar pensando tomar otras comunidades.
P. ¿Cómo valora el recurso presentado por Farmaindustria ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que ha llevado a la suspensión cautelar de las ATEs?
R. Entiendo que Farmaindustria tomó esta decisión para salvaguardar los intereses de sus empresas ante lo que considera que puede ser un claro perjuicio para el sector. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, respetamos su decisión.
P. ¿Va el PP a recurrir ante el Tribunal Constitucional?
R. Esa es una decisión que tendrá que tomar el Gobierno central. Solo tenemos constancia de que los servicios jurídicos del Ministerio lo están estudiando.
P. El PP es muy crítico con las subastas. ¿Con qué medidas racionalizarían ustedes el gasto?
R. El Gobierno de la Nación ya ha puesto en marcha medidas para el uso racional del medicamento que están teniendo resultado y cuyo ahorro está demostrado, como el uso generalizado de la PPA, o la central de compras, a la que curiosamente Andalucía ha decidido no sumarse.
P. ¿Cree que la subasta de medicamentos puede afectar a la continuidad en los tratamientos?
R. No podemos descartar la posibilidad de este riesgo, y que haya tratamientos que se puedan ver comprometidos.
P. La Junta achacó al “interés de la industria y algunos farmacéuticos” los supuestos desabastecimientos de este verano…
R. Ese desabastecimiento se ha producido y es consecuencia de la decisión del Gobierno andaluz, aunque lo niegue por activa y por pasiva. No reconocerlo no soluciona el problema.
P. En su opinión, ¿evitará la Ley de Garantías una tercera subasta de medicamentos en Andalucía?
R. Espero que así sea, pero seguro que los responsables del Gobierno de Andalucía seguirán buscando huecos por los que colarse en esa estrategia de confrontación con el Gobierno de la Nación de la que están haciendo gala desde el inicio de la legislatura, aunque quien pague las consecuencias de esas decisiones sean los andaluces.
La política andaluza se vio afectada la semana pasada por los cambios en su ejecutivo, que afectaron a la consejería de Salud. Ana María Corredera cree que María Jesús Montero “no deja la Sanidad en su mejor momento”. La portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento regional habla de cuentas no saneadas; de trabajadores “descontentos” por descensos en sus retribuciones y complementos; y de la renuncia de la consejería a llevar a cabo compromisos en infraestructuras que no hubieran iniciado su obra.
Corredera espera que la marcha de Montero “suponga un cambio en positivo” y un punto y aparte en materia de confrontación, aunque su permanencia en el gobierno regional sigue generando recelos. A este respecto, espera también que el hecho de que sea la nueva consejera de Hacienda “no suponga más recortes en un área que tiene el 38 por ciento del presupuesto global”.
Sobre el cambio en la consejería, Corredera critica que “Sanidad pierde peso”. A su juicio, la política sanitaria merece un único departamento. Ahora no solo incluye Política Social, sino que ha cedido el primer puesto a Igualdad.
La ausencia de referencias sobre María José Sánchez, más allá de su vinculación al área social, se paliará este jueves, durante la primera comparecencia de la consejera de Salud ante el Parlamento regional.
