La ministra de Sanidad, Ana Mato, considera que con la aprobación del RDL 16/2012 el Gobierno ha logrado un objetivo: “devolver a los ciudadanos la tranquilidad y confianza en el futuro del Sistema Nacional de Salud”. Así lo manifestó la máxima responsable de la Sanidad española durante su intervención en el Foro Ideas+Diálogo de Europa Press, patrocinado por Farmaindustria, en el que ha pronunciado la conferencia titulada “Recuperando el bienestar: el camino hacia un Pacto Sociosanitario”.
En este sentido, según precisó la ministra, este RDL se aprobó bajo tres principios: la cohesión, la igualdad en el acceso a las prestaciones y la eficacia de los servicios de salud y su coordinación con los servicios sociales, tres principios “que han estado en el origen del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que Mato ha propuesto a las comunidades autónomas”. Sobre este particular, Mato indicó que la norma “consolida el principio de universalidad” sin cambiar el modelo, sino garantizando su mantenimiento y a su vez “protege a los más desfavorecidos”.
Así, sobre las principales medidas contenidas en este RDL, Mato destacó la “cartera común de servicios básicos para todas las autonomías, manteniendo el compromiso electoral de una asistencia sanitaria gratuita, sin copago”, al tiempo que incidió en que, por primera vez, los parados de larga duración no pagarán nada por los medicamentos.
Del mismo modo, Mato manifestó que la protección a la salud supone en España casi un tercio (31%) del gasto público. Sin embargo, ha reconocido que los ciudadanos están preocupados por la sostenibilidad del SNS. Para ilustrarlo, enumeró algunos de los principales problemas con los que se encontró al llegar al ministerio. “Las prestaciones sanitarias habían evolucionado de forma distinta en cada comunidad autónoma, dando lugar a una falta de equidad en el acceso”, afirmó, y añadió que, además, “no se había abordado la siempre pospuesta coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, había una escasa penetración de las nuevas tecnologías y la política de Recursos Humanos estaba atascada”.
Sin embargo, incidió en que el mayor problema era la deuda sanitaria de 16.000 millones de euros, que en los últimos dos se ha disparado un 173 por ciento. “Se ha puesto en riesgo de forma irresponsable el suministro de medicamentos”, precisó, y añadió que, por ello, de los 35.000 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores, un total de 12.110 se han destinado a la Sanidad.
Fraude
A este respecto, Mato denunció que actualmente hay unas 200.000 personas en España que no están pagando por sus medicinas porque utilizan la tarjeta de un pensionista para adquirirlos gratis en las oficinas de farmacia. Así, el cruce de las bases de datos del Ministerio con el de Hacienda ante la puesta en marcha del copago farmacéutico el próximo 1 de julio ha puesto de manifiesto que unas 800.000 personas tenían una tarjeta que no les correspondía (unas 600.000 se debía a errores). “Son 200.000 personas las que no estaban pagando medicamentos porque tenían la tarjeta de un pensionista, cuando tenían rentas suficientes como para afrontar ese pago”, anunció la ministra.
