El Consejo de Ministros del viernes 25 de julio ha dado luz verde al Real Decreto (RD) que regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, una reclamación histórica del colectivo que, según las previsiones del Ministerio de Sanidad, estará en funcionamiento a lo largo de este año, aunque el texto del proyecto inicial establecía un plazo de nueve meses tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El ministerio recuerda que este instrumento permitirá planificar las necesidades de los profesionales sanitarios titulados, así como coordinar las políticas de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud.
Según sus cálculos, alrededor de un millón de profesionales se incorporarán en el sistema, entre ellos 207.000 médicos, 240.000 enfermeros y 59.000 farmacéuticos.
A falta de conocer el texto definitivo al cierre de esta edición, el proyecto establecía un margen de seis meses para proporcionar una veintena de datos sobre cada profesional a las instituciones y organizaciones que están obligadas a ello: los ministerios de Educación, Defensa, Hacienda, Justicia, Interior, Empleo y Sanidad, las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, las entidades de la administración local, colegios profesionales sanitarios, centros sanitarios privados, aseguradoras, oficinas de farmacia, mutuas de accidentes y servicios de prevención de riesgos laborales.
El registro, que estará adscrito la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es uno de los compromisos alcanzados con los profesionales en julio del año pasado. Parte de los datos tendrán carácter público. Asimismo, Sanidad recalca que la incorporación de un profesional al registro no es obligatoria ni necesaria para ejercer una profesión. De hecho, los profesionales podrán acceder a sus datos y ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y modificación.
La tramitación del real decreto culmina más de un año después de la presentación del proyecto de RD, en febrero de 2013, una iniciativa recogida en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) de 2003 y una de las medidas contempladas por el RDL 16/2012 de la reforma sanitaria de Mato.
Excusas y retrasos
Durante años, la negativa de algunas comunidades a proporcionar esta información ha sido el argumento esgrimido por los responsables del ministerio para justificar los incontables retrasos, pese a la insistencia de las organizaciones profesionales, que han criticado la ausencia de datos sobre el número de médicos de cara a la planificación de los recursos humanos, un mensaje repetido reiteradamente tanto por el portavoz del Foro de la Profesión Médica, Francisco Miralles, como por el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín.
Recientemente, el presidente de la OMC celebraba que “por fin” se vaya a poder contar con una herramienta fundamental que ayudará a planificar “bien” las necesidades de personal en las comunidades autónomas. En su opinión, su ausencia ha sido aprovechada de manera “torticera” por parte de las administraciones públicas en su gestión del personal, lo que ha hecho que muchos facultativos hayan tenido que salir de nuestras fronteras para ejercer.
