Nada nuevo bajo el sol. Los programas políticos con los que concurrirán a las elecciones del 26 de junio los cuatro principales partidos no introducirán ninguna novedad en materia sanitaria. Así lo confirmaron los representantes de las formaciones durante un debate sobre las necesidades y retos a los que se enfrentará el sistema sanitario durante la próxima legislatura.
En el terreno de lo concreto se pudieron observar tanto discrepancias como convergencias. El Real Decreto-ley 16/2012 seguirá siendo el eje central de la campaña y, dentro de él, el Capítulo I y su referencia a la universalidad. El secretario de Sanidad del Partido Popular, José Ignacio Echániz, defiende que durante la última legislatura han aumentado en 800.000 las tarjetas sanitarias expedidas, mientras que el PSOE y Podemos exigen su derogación. “Si existe ese articulado no se recuperará la universalidad”, defiende la ex portavoz adjunta en la Comisión de Sanidad en el Congreso de la formación morada, Amparo Botejara. Ante estas palabras, el ex portavoz de Sanidad en el Senado por los socialistas, José Martínez Olmos, aseguró que, si alcanzan el Gobierno, trabajarán en “una nueva Ley de Sanidad que defienda nuestros tres principios básicos: universalidad, pública y de calidad”.
El debate también tuvo un hueco para el copago farmacéutico. Botejara se desmarcó de la supresión total de esta tasa y la circunscribió solo para aquellos cuyas rentas no superen los 12.000 euros anuales. “También reconfiguraremos el panorama actual y propondremos nuevos tramos, como ya presentamos en la última Comisión de Sanidad”, afirmó. La propuesta es similar a la que ya recogieron Ciudadanos y PSOE en su pacto de legislatura fallida. Ambos partidos abogaban por que el copago no supusiera una barrera a personas en condiciones económicas desfavorables, si bien nunca concretaron cifra alguna.
Junto al Real Decreto 16/2012, el debate también dejó hueco al problema de financiación que sufre el sistema sanitario y al reto económico que supone dar respuesta a las innovaciones que están a las puertas. Daniel Álvarez, representante de Ciudadanos, aseguró que su partido aboga por incluir un análisis farmacoeconómico que decida el grado de innovación del nuevo fármaco o tecnología sanitaria. “Tienen que ser algo que aporte y, además, las innovaciones que se consideren disruptivas van a necesitar de un esfuerzo que se lidere desde el ámbito estatal”, afirmó. Esta afirmación fue respaldada por Martínez Olmos, quien además añadió que su partido defiende “un fondo específico para medicamentos huérfanos”. Desde el Partido Popular se aferran al pacto de sostenibilidad con Farmaindustria como elemento que garantizará el acceso a la innovación. “Los acuerdos firmados no van a comprometer ni la financiación ni el acceso”, dice.
Pero para que haya un remanente económico que haga viable el acceso a la innovación, casi todos los partidos entienden que hace falta una financiación mejor para la sanidad. “Parece que cada año gastamos más y se nos habla de sostenibilidad pero lo cierto es que la financiación respecto al PIB ha descendido en los últimos cuatro años”, afirma Botejara. En la misma línea, Martínez Olmos explicó que a la Sanidad “le faltan 8.000 millones de euros” por lo que la única solución es “aumentar la financiación”.
