La batalla legal por las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) se está eternizando en el seno del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía. Hace casi cuatro meses desde que este tribunal determinara la suspensión cautelar del acuerdo marco y aún no se ha producido la resolución definitiva, algo “insólito”, según han afirmado juristas consultados por EG. Según la Ley de Contratos Públicos, este tipo de contiendas jurídicas tiene un tiempo máximo de 40 días a partir del último recurso recibido (el 15 de agosto) y, “aunque las administraciones suelen demorarse algo más”, los casi cinco meses de retraso llamar poderosamente la atención. “La última resolución emitida por este organismo responde a un proceso que comenzó a finales de noviembre, por lo que no entendemos este retraso”, explican.
Desde el TARC de Andalucía se transmite normalidad. Fuentes de este organismo, dependiente de la consejería de Hacienda regional, explican “que el procedimiento no sufre ninguna anomalía, y se están analizando todas las alegaciones”. Sin embargo, a principios de octubre, el TARC tomó la decisión de no acumular todos los recursos presentados, circunstancia poco habitual según fuentes jurídicas consultadas, y dar prioridad a los tres primeros que recibió, de Farmaindustria, Baxter y Merck, circunstancia que debería haber acelerado el proceso.
Una de las explicaciones que los juristas dan a este retraso es que el tribunal estuviese analizando, una por una, cada homologación de principios activos, “aunque lo lógico sería que se inhibiese por no ser competentes en consideraciones técnicas y se ciñera al aspecto formal de los pliegos de contratación”. En cualquier caso, y según confirman los juristas, “aunque decretasen válido” el fundamento teórico del acuerdo marco, “los errores formales paralizarán el recurso”.
