Los colegios profesionales de índole sanitaria se encuentran de los grandes damnificados por la futura Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad.
El anteproyecto parece haberse estancado, cuando se encuentra a un paso de iniciar los trámites parlamentarios. El último borrador de Economía se presentó en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el pasado jueves 10 de julio, pero finalmente no se ha incluido en ninguno de los dos últimos Consejos de Ministros.
Este hecho no ha impedido que el texto se haya filtrado ya entre los colegios profesionales y los consejos generales, que han visto con preocupación cómo el ministerio ha desoído sus principales requerimientos. Un estudio de la consultora Roland Berger para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pone de manifiesto que el establecimiento de una cuota máxima de 240 euros al año podría repercutir de manera negativa en el funcionamiento de las instituciones colegiales. Cuatro colectivos profesionales se ven especialmente afectados: sanitarios, jurídicos, ingenieros y arquitectos, aproximadamente el 76 por ciento de los casi 1,7 millones de colegiados registrados en España. La media de todos ellos supera los 250 euros al año de cuota colegial.
Precisamente las profesiones sanitarios representan en la actualidad un 44,8 por ciento del total. Enfermería es la profesión con mayor número de colegiados de España, en torno a 266.000; medicina se encuentra en tercer lugar con 233.000 y farmacia en sexta posición con 67.000. Una de las conclusiones del informe apunta a que esta cuota “no parece responder a la realidad de los profesionales colegiados y sí más bien a un cálculo arbitrario que supondrá una reducción en los ingresos corrientes de las corporaciones colegiales y puede llegar a impedirles a éstas la realización de las funciones que por ley tienen asignadas”.
Tanto Roland Berger como el CGAE tratan de medir el impacto que la futura normativa podría tener sobre el personalde las instituciones colegiales. El límite establecido para las cuotas obligaría a los colegios a introducir recortes en sus presupuestos y plantillas, lo que podría suponer el despido de entre 4.000 y 10.000 trabajadores directos e indirectos.
OMC y CGE, dentro de la media
Tanto la Organización Médica Colegial (OMC) como el Consejo General de Enfermería (CGE) insisten en que la cuota media de sus colegios se acerca a la impuesta por el departamento que dirige Luis de Guindos. Aún así existen colegios que se encuentran por encima. Sin ir más lejos, el informe cita el caso del Colegio de Médicos de Barcelona, con una tarifa de 332 euros. El presidente de los enfermeros, Máximo González Jurado, advierte de que el establecimiento de esta tarifa y la libre elección del lugar de colegiación podría terminar afectando a las corporaciones de menor tamaño. “Instituciones más pequeñas no van a poder subsistir porque la ley obliga a una serie de aspectos importantes como la ventanilla única, la memoria de actividades, la oficina de quejas y reclamaciones… Eso conlleva un aparato tecnológico brutal”, señala.
Unión Profesional (UP) comparte también esta misma preocupación. “En algunos casos, esa cuota se ajusta a la realidad pero también existen muchos colegios en los que se estrangulará su fuente de financiación, por lo que pueden verse abogados a su cierre al no poder asumir los costes”, explican fuentes de la asociación.
La normativa establece además mecanismos que dificultarían que el colegio pudiera subir la cuota anual. Un aumento de la tarifa sólo podría aprobarse con el respaldo de tres quintas partes de la asamblea. Las corporaciones han visto este punto como una injerencia más de los poderes públicos. “Se trata de un intervencionismo de la administración totalmente escandaloso”, añade González Jurado.
Escaso arraigo
Elecciones recientes como la del Colegio de Farmacéuticos de Madrid o el de Valencia han puesto de manifiesto el escaso arraigo de los colegiados con sus instituciones. UP advierte de que se podría producir “un trasvase de colegiados de unos colegios a otros” y lamenta que el ministerio haya confundido precio y cuota. “En este punto queda de manifiesto que el texto del Anteproyecto de Ley está redactado con un claro objetivo economicista, sin atender a las peculiaridades de los colegios que ordenan y controlan servicios profesionales muy sensibles para los ciudadanos”, señalan fuentes de UP.
La norma elimina también la cuota de entrada para los nuevos colegiados, que aún mantienen un importante grupo de colegios tanto de médicos como de enfermeros. Esta inscripción va destinada a costear la formación y la búsqueda de empleo del solicitante, que en la mayoría de los casos acaba de finalizar los estudios. “Tiene unos costes enormes para la organización y lo van a tener que pagar el resto de los colegiados con una cuota limitante”.
Pero la libertad de elección del colegio, supone otro problema, especialmente para las profesiones de índole sanitaria. Tanto la OMC como el CGE entienden que este punto dificulta la garantía de los derechos de los pacientes. Para que un colegio pudiera sancionar a un médico colegiado en una ciudad diferente debería comunicar el expediente a la institución a la que pertenece a través del consejo general, “con lo que se burocratizaría el proceso”. La misma tesis argumenta UP, que reitera que el profesional debe estar inscrito “en aquel colegio donde tenga su domicilio habitual de manera que quede mejor respetada la función de garantía social del adecuado ejercicio de las profesiones”.
De momento y a la espera de que la norma entre finalmente para su debate en el Congreso de los Diputados, el Consejo General de Enfermería ya ha mantenido contacto con los grupos parlamentarios popular, socialista y catalán con el objetivo de que puedan introducirse cambios en la ley.
10.000
trabajadores
de los colegios profesionales de todos los ámbitos podrían verse abocados al desempleo ante el establecimiento de un límite de cuota en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. El informe muestra que los colegios sanitariosestán entre los más afectados.
240
euros
es la cuota anual máxima que establece el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Según el estudio de Roland Berger, los colegios de índole sanitaria superan los 250 euros de media, por lo que podrían ser los más afectados.
