La institución colegial madrileña insiste en que las medidas aprobadas por el Gobierno “no resuelven el problema de la financiación sanitaria”
Para el colegio presidido por María Teresa Guardiola el Real Decreto Ley 4/2010 pone en riesgo 2.000 empleos en la farmacia valenciana
Fedifar se queja del impacto
La aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico no ha dejado indiferente a ningún agente del sector del medicamento y, por supuesto, la distribución no iba a ser menos. En este sentido, desde la patronal de la distribución de medicamentos española, Fedifar, se lamentó “el grave impacto” que tendrán para su economía estas medidas.
La rebaja en el precio de los medicamentos, una media del 25 por ciento en los genéricos, es muy perjudicial para los almacenes mayoristas, ya que, según precisan, “el margen de la distribución es directamente proporcional al precio, por lo que el impacto económico para la distribución mayorista es idéntico al que sufre el laboratorio”. Una pérdida de margen que se cifra, aproximadamente, en cerca de 80 millones de euros de los 630 millones de euros que reportó este margen en 2009.
Igualmente, lamentan que el texto no recoja una reclamación histórica de la patronal: modificar del margen fijo para las presentaciones de medicamentos de precio elevado, y creen que se ha perdido una oportunidad para corregir “esta situación anómala”. Pese a ello, muestran su predisposición a colaborar con las autoridades para buscar medidas que incidan en la sostenibilidad, aunque dicen que deben articularse en torno a un marco global en el que “no sean siempre los agentes del sector” los que sobrelleven la carga.
REDACCIÓN
Madrid/Valencia
Los claroscuros del Real Decreto-ley 4/2010 de racionalización del gasto farmacéutico aprobado por el Gobierno el pasado 26 de marzo presentan para muchos colegios de farmacéuticos españoles más sombras que luces. Ése es el caso de dos de las instituciones farmacéuticas españolas con un mayor número de colegiados, Madrid y Valencia, que se han mostrado muy críticas con las medidas contenidas en este nuevo texto legal.
Así, mientras desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid se insiste en que con el Real Decreto Ley 4/2010 “no se resuelve el problema de la financiación sanitaria”, desde la máxima institución farmacéutica valenciana se incide en que con la puesta en marcha de estas nuevas medidas para controlar el gasto farmacéutico “se ponen en riesgo 2.000 empleos en las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana”. A este respecto, desde la institución madrileña presidida por Alberto García Romero se estima que la medida aprobada por el Gobierno es “una salida en falso a un grave problema de financiación de las comunidades autónomas, que no va a resolver los retrasos en los pagos a los agentes del sector y se puede traducir en un deterioro de la calidad de la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos”.
Y es que, pese a reconocer que la farmacia española sí se verá beneficiada por la revisión propuesta de las escalas de deducciones sobre ventas y márgenes, el colegio madrileño “no puede compartir que el ajuste del gasto por valor de 1.500 millones de euros se cargue, de nuevo, sobre los hombros del sector y se cambie de rumbo en políticas clave del Sistema Nacional de Salud”.
Con esta postura coincide el colegio valenciano que precisa que aunque el Real Decreto Ley 4/2010 proporciona un ligero aumento de margen a los cinco primeros tramos y también del margen en las ventas de los medicamentos más caros, “estos aumentos quedan anulados y ampliamente superados por el descenso de beneficios, sin que ello implique un uso más racional de los medicamentos ya que no se actúa sobre la demanda”.
Desde el colegio valenciano se señala que “quienes afirman que las farmacias no van a verse perjudicadas, o son muy ingenuos o carecen del suficiente conocimiento para analizar la situación”. En este sentido, dicen que “todas las farmacias, cualquiera que sea su nivel de facturación, van a perder por la caída de ventas y la limitación para gestionar sus compras de medicamentos, y estas pérdidas no van a ser en absoluto compensadas por los ligeros incrementos de ingresos por aplicación de nuevas escalas y tramos en los precios más elevados”. ¿Cuánto perderán? Según sus cálculos, “cada farmacia de la Comunidad Valenciana perderá más de 1.700 euros de beneficio al mes”.
Genéricos y descuentos
Además de estos aspectos, desde ambos colegios se mostraron muy críticos con otros aspectos contenidos en el Real Decreto Ley 4/2010, como la reducción del precio de los medicamentos genéricos. Para García Romero, esta circunstancia “desmiente el pretendido apoyo del Gobierno a una política de ahorro que creemos que sí es estructural y puede contribuir a potenciar la sostenibilidad del sistema de salud”.
Igualmente, manifestó su disgusto por la fijación de un límite en los descuentos por pronto pago y por volumen de compras que realizan los distribuidores y la industria a las farmacias: un 5 por ciento para los medicamentos financiados y un 10 en el caso de genéricos. “No es comprensible que el Gobierno limite los descuentos entre agentes del sector, una vez que esta medida no tiene repercusión sobre el ciudadano, obstaculiza la competencia y dificulta la gestión de un vademécum sobredimensionado”.
Por su parte, el colegio valenciano denunció la apertura de nuevos espacios de dispensación en hospitales, “que producirá trastornos a los pacientes, y que supone una merma de las competencias de la oficina de farmacia recogidas, en la Ley de Garantías”.
