La Comisión Europea (CE) publicó la semana pasada su IV Informe de Monitorización de los Acuerdos sobre Patentes (enero-diciembre 2012), que refleja un aumento de la resolución de conflictos mediante pactos entre compañías innovadoras y de genéricos. En total, fueron 183 los litigios iniciados a los que se puso fin por la vía del acuerdo, un dato que habría que relativizar, teniendo en cuenta que Portugal (58), el estado que más casos aporta, aprobó una ley en 2011 que obliga a las compañías a acudir al arbitraje siempre que se pretende la entrada de un nuevo genérico en el mercado.
A este respecto, cabe señalar que el crecimiento experimentado en 2012, que responde en parte a la oleada de expiraciones (patent cliff) que tuvo lugar el pasado año, sucede a un alza continuada que comenzó a darse en el ejercicio 2009 y que no ha cesado desde entonces.
Una vez desglosados los datos, se percibe además una disminución relativa de los acuerdos que han limitado la entrada de un equivalente al mercado mediante la transferencia de valor, monetaria o no, desde la compañía innovadora a la de genéricos (categoría B. II). Solo el 10 por ciento de los acuerdos alcanzados (excluyendo a Portugal, por su particular ley) se sellaron de esta forma, que es la que, a priori, supondría la violación del principio de libre competencia que rige en el seno de la Unión Europea.
Por países, España fue el tercer país más afectado por estos acuerdos, tras Portugal e Italia, y por delante de Holanda, Reino Unido, Alemania o Dinamarca. “Lo de España se podría explicar por la alta incorporación de innovación en años anteriores, combinado con el retraso en la firma de los acuerdos Adpic”, señaló Paz Aldavero, abogada especialista en Derecho Farmacéutico.
Con estos datos sobre la mesa, la CE sacó pecho e incluso apuntó en las conclusiones la posibilidad de continuar, o no, con esta monitorización. “Si se quieren reducir los costes para los ciudadanos y proteger la libre competencia hay que mantener esta actividad, y sobre todo hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos”, indicó Aldavero.
La Comisión Europea (CE) anunció, el mismo día en el que publicaba su informe de monitorización, una sanción de 10,7 millones de euros a Janssen (Johnson & Johnson) y otra de 5,4 millones de euros a Sandoz (Novartis) por prácticas anticompetitivas, consistentes en retrasar la entrada del genérico de fentanyl en Holanda mediante un acuerdo sobre la patente. Según la información facilitada, los pagos que recibió Sandoz entre 2005 y 2006 superaban las expectativas de ventas que tenía la subsidiaria con el analgésico.
Junto a estas multas, la CE ha reconocido que sigue la pista a otras compañías. En el foco está Servier, por tratar, supuestamente, de frenar la entrada del genérico de perindopril, un fármaco para enfermedades cardiovasculares; así como Cephalon y Teva, que podrían haber hecho lo propio con modafinil, tratamiento para los trastornos del sueño. Por su parte, hay que recordar que la danesa Lundbeck ya fue sancionada el pasado mes de junio por el mismo motivo, y tendrá que pagar unos 52,2 millones de euros.
