Las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria aprobadas por el Gobierno tendrán su continuación en septiembre con un nuevo programa de reformas que incluirá una veintena de leyes como, por ejemplo, la aprobación del proyecto ley de liberalización de los servicios profesionales. Una legislación que se sustenta en la Ley Ómnibus y que es una de las exigencias impuestas a España por la Unión Europea como condición al rescate financiero. En un principio, desde el Gobierno se ha anunciado la liberalización de los transportes con la privatización de los servicios asociados a los transportes ferroviario, aeroportuario y portuario. ¿Están las oficinas de farmacia a salvo?
En un principio, parece que una posible liberalización de las oficinas de farmacia españolas no conllevaría ningún rédito económico, debido a que el sector está regulado en lo referido a precios, descuentos, horarios… Sin embargo, el ‘fantasma’ de la liberalización está nuevamente presente, más si cabe cuando hasta mayo de 2009, cuando en los ‘casos italiano y alemán’, y un año más tarde, en el ‘caso asturiano’ el Tribunal de Luxemburgo avaló la planificación farmacéutica, la intención de Bruselas siempre fue la de liberalizar el sector farmacéutico europeo.
“Espero que no se produzca un proceso de liberalización, y creo que no se producirá porque el Gobierno tiene bastante claro lo que implicaría”, sostiene el presidente de FEFE, Fernando Redondo. Y es que, tal y como precisa el máximo dirigente de la patronal estatal de oficinas de farmacia, “nosotros no solo somos un servicio profesional sino que también tenemos una actividad sanitaria, que tiene que estar regulada”, señala, e incide que se trata de algo “reconocido por una sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
Sin embargo, cabe destacar que en las disposiciones generales del RDL 20/2012 se da un aviso a navegantes. Así, señala que “los nuevos pasos en el campo de los servicios profesionales facilitarán la permeabilidad de los distintos nichos de mercado a nuevos competidores y, al mismo tiempo, garantizará la calidad de estos servicios, reduciendo los márgenes en segmentos tradicionalmente menos expuestos a la competencia y sin embargo cruciales para la configuración de costes en el ejercicio de la actividad empresarial”.
Por otro lado, lo que sí se podría poner en riesgo en ese proyecto ley de liberalización de los servicios profesionales será la propia existencia de los colegios profesionales. Y es que, sobre la mesa se encuentra la eliminación o no de la obligación actual de estar colegiado para prestar servicio.
La ‘liberalización’ Monti
Uno de los caminos que puede seguir el Gobierno lo habría fijado el gobierno del primer ministro italiano, Mario Monti, que a finales de 2011 puso en marcha un plan de austeridad para ahorrar 30.000 millones de euros incluía medidas liberalizadoras para abrir la puerta a una mayor competitividad. Entre los sectores a liberalización estaba el farmacéutico, aunque esta ‘liberalización’ se saldó con la reducción del ratio de habitantes por farmacia de 3.580 a 2.770. “Cuando los gobiernos echan cuentas comprueban que les conviene una farmacia regulada”, precisa Redondo.
