Asfixiadas por el vencimiento de pagos inminentes, las comunidades tendrán que apañarse con anticipos durante quince días, a la espera de que el Gobierno formalice la creación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Primero toca aprobar la Ley de Estabilidad, para la que ya se ha aprobado su tramitación parlamentaria urgente en primera lectura. Esta semana irá al Congreso y la próxima al Senado y previsiblemente al Consejo de Ministros. Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía justifican la premura de los plazos. Sus responsables resaltan que de ello depende garantizar el Estado de Bienestar. Las tensiones vaticinan nuevos ajustes en Sanidad.
De las tres comunidades que han solicitado formalmente el rescate, solo Murcia se salva de una emergencia sanitaria. En la Comunidad Valenciana, las farmacias descuentan los días del calendario hasta el 20, fecha en la que, según el consejero de Sanidad, Luis Rosado, se establecerá el calendario de pagos teniendo en cuenta la evolución del Fondo de Liquidez. Cataluña, la que mayor cantidad ha pedido (5.023 millones), necesita el dinero antes de que acabe el mes o acudirá a un crédito de emergencia. Si no recibe fondos, la Generalitat augura nuevos recortes en Sanidad, pese a haber dicho que no habría añadidos este año.
Andalucía no ha pedido el rescate, pero sí un anticipo de mil millones para hacer frente a sus pagos. Las tensiones financieras que la Sanidad presenta para la comunidad autónoma más poblada se hicieron evidentes en el discurso del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que la semana pasada se mostró dispuesto a hablar con el Gobierno y el resto de regiones para abordar la reducción del gasto sanitario, pero “sin perjudicar derechos”. Incluso pidió una reunión de la subcomisión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene para asuntos sanitarios.
En este contexto se enmarca, aprovechando la entrada en vigor de la revisión del nomenclátor, la decisión de la consejería de Salud de dejar de costear los fármacos que Andalucía financiaba desde 1998 con fondos propios, en su mayoría antihemorroidales, laxantes, vitaminas del grupo B, corticoides para infiltraciones, y expectorantes y mucolíticos. Andalucía era la única que aún sufragaba estos 661 fármacos, que sumados a los de la nueva actualización elevan a más del millar los fármacos desfinanciados.
Y tras la revisión del nomenclátor y la aplicación del nuevo sistema de aseguramiento, podría venir una nueva desfinanciación dentro de la cartera de servicios. Así lo desveló la semana pasada la Cadena Ser, que informó de la creación, en el seno del Ministerio de Sanidad, de cinco grupos de trabajo integrados por profesionales designados por las comunidades autónomas y el ministerio, además de por sociedades científicas y agencias de evaluación, para estudiar posibles recortes y la implantación de copagos en varias prestaciones que se consideren como “no esenciales”.
Los servicios afectados, que podrían incluir la selección genética, pruebas de rehabilitación funcional o de carácter preventivo, así como tratamientos de fertilidad o implantes oftalmológico, pasarían a engrosar a la cartera accesoria.
