Las subastas de fármacos impulsada por la Junta de Andalucía han disfrutado solo una semana del fin de la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional, después de que el Gobierno interpusiese un recurso contra la resolución de la norma que daba pie a las subastas. Y es que, el mismo tribunal admitió a trámite la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo contra el germen de las subastas, el Decreto-ley 3/2011 aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre de 2011 que iniciaba las mismas. Así, el intento andaluz de sostener su Sanidad a costa de intervenir el precio de los fármacos ha vuelto a quedar suspendido cautelarmente por un periodo máximo de cinco meses.
Ante esta decisión, Farmaindustria y Aeseg han expresado su total apoyo ante la decisión judicial. Ambas patronales siempre han mostrado su contrariedad a la medida impulsada por María Jesús Montero, consejera de Salud andaluza, y este nuevo varapalo judicial ha reconfortado sus posiciones. “Sentimos satisfacción porque habíamos denunciado que el decreto andaluz suponía invasión de competencia por parte de la Junta”, aseguraron fuentes de Farmaindustria.
En una línea similar se pronunció Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg. “Siempre creímos que el decreto-ley incumplía varios aspectos. Limitaba la libre competencia en el mercado; rompía con la equidad que debe existir entre comunidades autónomas; y, además, invadía competencias del Estado”, afirmó. Esta ‘trinidad’ ha sido el arma arrojadiza que ha calado en el argumentario estatal para defender su iniciativa y el Tribunal Constitucional, como ya hizo hace unos meses, ha vuelto a suspender la medida de Montero.
Además de la Junta de Andalucía, existen otros perjudicados: las compañías que firmaron el convenio de licitación para las presentaciones que salieron a subasta a finales de marzo. La interpretación del auto del Tribunal Constitucional anula el marco legal que las ampara, por lo que no existe herramienta legal que obligue a los farmacéuticos andaluces a dispensar el medicamento seleccionado por el SAS con las subastas.
Estas compañías habían rebajado el precio de sus fármacos de tal forma que solo son rentables si acaparan el cien por cien del mercado atribuido, circunstancia que la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional impide o, al menos, no obliga. A pesar de ello, desde el SAS se asegura que el auto en el que levanta la suspensión cautelar de la resolución, dictado una semana antes del que paraliza la aplicación del decreto-ley, es suficiente para poder seguir desarrollando los convenios ya firmados y que esta nueva maniobra del Gobierno central solamente retrasará siguientes concursos de subastas.
A este respecto, Aurobindo, una de las compañías que ganaron la licitación de subasta en varias presentaciones, ha afirmado a través de su director general, Gabriel Díaz, que cumplirán con el convenio que firmaron con la Junta y surtirán sus medicamentos a las farmacias andaluzas. Así, Díaz entiende que “la postura que marca la Junta es acertada” y no cree “que esta nueva suspensión vaya a afectar a los convenios que se firmaron en marzo”.
Un presente y varios futuros
Tras la noticia del fin de la suspensión cautelar la semana pasada, Montero anunció que “a partir de septiembre, si no hay novedades, empezaremos a preparar nuevas convocatorias”. Parece que desde la Junta ya se intuía la tramitación del recurso anunciado por el Gobierno central en el Consejo de Ministros, y, a este respecto, existen dos posibilidades.
La primera es que el Tribunal Constitucional levante la suspensión cautelar que pesa sobre el decreto-ley en los próximos meses. Esto haría realidad el deseo de Montero y las subastas podrán seguir adelante. La segunda posibilidad es que el Tribunal Constitucional decida dejar la norma suspendida, lo que provocaría el fin definitivo de las subastas y un problema serio para los laboratorios que participaron en ella.
