El anuncio de Pedro Sánchez de hacer efectivo un nuevo modelo de financiación autonómica en el plazo de seis meses desde su investidura ha sido bien recibido, aunque con prudencia, por parte de las comunidades autónomas. A pesar del impasse político a nivel central, los gobiernos regionales se han puesto manos a la obra para diseñar sus estrategias, por separado o de manera conjunta entre comunidades afines.
Que la financiación es un elemento más del debate de investidura está claro en el caso de la Comunidad Valenciana. Las negociaciones entre Sánchez y la líder de Compromís, Mónica Oltra, ya están comprometidas por este asunto. El voto favorable de los nacionalistas valencianos dependerá, en buena instancia, de un nuevo sistema que a la hora de repartir dinero tenga en cuenta la población de la comunidad. Esta comunidad, que lleva años denunciando su infrafinanciación, amenaza además con ir a los tribunales. El presidente regional, Ximo Puig, ya ha enviado varias cartas a Mariano Rajoy para que el Gobierno en funciones inicie los diálogos. Paralelamente, Puig ha iniciado acercamientos con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, para unificar criterios con los que acudir a la negociación. El Acor del Consolat del Mar es el nombre de la declaración institucional que les agrupa.
Otra alianza se ha forjado ya para agrupar a ocho comunidades autonómicas. Castilla y León, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, La Rioja y Cantabria se reunieron la semana pasada en el Foro de Comunidades Autónomas sobre Desafíos Demográficos celebrado en Valladolid. Allí, acordaron enviar un escrito al futuro Gobierno central para que sus reivindicaciones en este sentido tengan un peso “real” la futura reforma del modelo de financiación.
También la semana pasada el asunto se debatió en el Parlamento de Canarias. El presidente regional, Fernando Clavijo, anunció que espera que en el plazo de un mes el Ejecutivo autonómico pueda remitir al Parlamento una propuesta de financiación autonómica que pretende que sea debatida y consensuada entre todos los partidos políticos y la sociedad canaria.
De la misma forma, los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura han acordado por consenso la creación de una comisión de expertos, que se reunirá en la propia Asamblea para elaborar el documento regional de cara a la negociación.
