España fue el segundo país, por detrás de Grecia, que peores resultados obtuvo en el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad. Los datos publicados por Eurostat son el peor indicador ante el procedimiento de infracción que pende sobre España por el déficit excesivo de sus administraciones, y que en el peor escenario podría conllevar una multa de 2.000 millones de euros. La movilización de los ministerios de Economía y Hacienda ha conseguido relajar los objetivos para 2016 y 2017, pero su cumplimiento se presenta complicado. Las comunidades se niegan a efectuar recortes en 2016 y el Gobierno en funciones, que no tiene atribuciones para presentar nuevas medidas, se ha visto forzado a dejar al albur de un menor crecimiento económico el cumplimiento del objetivo de 2017.
Desde que se hicieron públicos, los objetivos de déficit han copado la agenda política. El Consejo de Política Fiscal y Financiera mostró lo alejadas que están las posturas del Gobierno y a las comunidades en cuanto a las medidas puestas en marcha para corregir el desvío del déficit. Hacienda calmó los ánimos con el anuncio de unas rondas bilaterales de conversaciones que abren la puerta a negociar las medidas que deberá aplicar cada región. Pero, consciente de que era imposible ajustar 24.000 millones de euros en 2016 sin quebrar el Estado del Bienestar y amenazar el crecimiento económico, el Gobierno comenzó a negociar una nueva senda de estabilidad, que tendrá que remitir a la Comisión Europea antes del 30 de abril, pero cuyos grandes términos fueron presentados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso de los Diputados.
De esta manera, el objetivo de déficit para 2016 será del 3,6 por ciento en lugar del 2,8 por ciento; y del 2,9 por ciento para 2017, en lugar del 1,4 inicialmente previsto. Se han ganado ocho décimas (8.500 millones) para 2016, repartidas a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas.
La exigencia de ajustes se reduce, pero ni mucho menos desaparece. Las comunidades autónomas tienen que cumplir para 2016 un objetivo del 0,7 por ciento del PIB. En términos del déficit, tienen que pasar de casi 18.000 millones a algo más de 10.000. El Gobierno, tras la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, cree que es posible. Recalca que contarán para ello con un incremento de la financiación autonómica de 7.400 millones de euros.
El resto debería venir de las condiciones marcadas por Hacienda, y en este punto sigue el desencuentro. El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha Vázquez, ha dicho que el nuevo objetivo de déficit es “claramente insuficiente” e implicará nuevos recortes de gasto para muchas autonomías.
Así lo entienden también las comunidades, sin excepción. Ninguna ha emulado el ejemplo estatal, que aprobó un recorte de 2.000 millones de euros. Los consejos de gobierno regionales han obviado la carta en la que Montoro exige la aprobación de acuerdos de no disponibilidad de crédito. Castilla y León, incluso, utilizó la misma vía y comunicó a Hacienda su negativa por carta.
La mayoría de los gobiernos regionales siguen confiando en convencer a Hacienda (en sus respectivas reuniones bilaterales tanto en el nuevo Consejo de Política Fiscal que tendrá lugar esta semana) de la suficiencia de sus presupuestos para cumplir con el objetivo de 2016, más aún en las nuevas condiciones anunciadas. No todas. Cataluña reconoce que el nuevo dato sigue estando lejos de sus posibilidades y reclama un déficit del 1,07 por ciento.
El déficit del 0,7 por ciento también es insuficiente para Fernando Gimeno, consejero de Hacienda de Aragón. Tanto esta comunidad como la extremeña han sido, de momento, las dos primeras en sufrir las medidas correctivas y coercitivas previstas en la Lofca. La retención de los fondos del sistema de financiación por el retraso en el pago a sus proveedores no se repetirá, previsiblemente, en mayo, aunque todo dependerá de la evolución de sus pagos, y éstos, señalan estas comunidades, no mejorarán sin los fondos del FLA que aún son retenidos por el Ministerio de Hacienda.
Aragón asegura que, con el dinero del FLA, su pago a proveedores sanitarios (los únicos en esa comunidad que no cobran a tiempo) estaría en menos de 30 días. Aunque el informe de la Intervención en esta región arrojó dudas sobre la suficiencia de su presupuesto para 2016, no parece el caso de Extremadura. El ‘paquete’ que presentará a Hacienda incluye la mejora de la financiación del presupuesto del SES en un 12,7 por ciento y el incremento del techo de endeudamiento pasando de 100 a 240 millones de euros bajo la modalidad de “confirming”, lo que permitirá reducir el periodo medio de pago a proveedores de los 102 días actuales a 60.