Las boticas catalanas cobrarán a partir del 1 de octubre la parte del copago que Cataluña no aplicó en julio, agosto y septiembre a pensionistas (en agosto los activos ya empezaron a pagar). Así lo anunció el consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, que avanzó que el montante pendiente de cobro ascendía a casi un millón de euros. Cabe destacar que pese a que en principio se anunció que iniciaría el cobro diferido a los pensionistas a partir de septiembre, se fijo de cara al día 17, la conveniencia de que “es más fácil llevar a cabo con meses completos”, ha retrasado su puesta en marcha.
De esta forma, a partir del 1 de octubre los pensionistas que retiren sus recetas abonarán el copago de los fármacos adquiridos en julio, agosto y septiembre, algo que en el caso de los activos ya se hizo desde agosto. Este copago de los pensionistas se hará de manera escalonada por lo que en octubre se aplicará también el de julio; en noviembre el de agosto; y en diciembre el de septiembre.
Además de ajustar los pagos pendientes, el sistema informático ya detectará si el paciente ha llegado al tope y no tendrá que pagar más tarde. A este respecto, desde la consejería se insiste en que cumple su promesa de que no se adelantase dinero para después solicitar su devolución. Así, en una entrevista en Catalunya Radio, Ruiz descartó que en la aplicación de esta medida surjan problemas debido a que, según dijo el consejero, “creemos que no será muy difícil y que lo aplicaremos sin incidencias, porque lo tenemos muy atado con los farmacéuticos”.
Situaciones de caos
Sobre este particular, el presidente de los farmacéuticos catalanes, Jordi de Dalmases, ya anunció que hubiesen preferido que el sistema se implantase en su conjunto el 1 de octubre y resaltó que sin la colaboración de los farmacéuticos hubiese sido imposible poner en marcha estas medidas.
Por su parte, el presidente de la patronal Fefac, Josep Esteve, dijo que “el 1 de octubre no se descarta en las farmacias de Cataluña situaciones de caos, ya que volverán a ser receptoras de las quejas e indignación de los ciudadanos en relación a las decisiones políticas, como ya sucedió con la aplicación de la tasa del euro por receta. “La población debería haber sido mejor informada sobre estas medidas, la Administración estatal no debería haber actuado con precipitación y haber hecho bien las cosas”.
