El Sistema Nacional de Salud se esfuerza por caminar hacia un sistema cohesionado, equitativo e igual para todos, pero por cada paso que se da para alcanzar ese objetivo se caminan dos en la otra dirección. Las medidas de ajuste en Sanidad adoptadas por las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, dentro de sus planes de reequilibrio, ratifican que España camina hacia un sistema de salud cada vez más fragmentado y heterogéneo.
La variabilidad de las medidas viene determinada por aquellas comunidades que más camino tienen por recorrer para cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento a finales de este año: suspensión de planes (como el de Reducción de Listas de Espera en Cantabria o el de Salud bucodental en varias comunidades); cierre de hospitales (Baleares, Castilla-La Mancha); privatizaciones (gestión de cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y generalización del ‘modelo Alzira’ en la Comunidad Valenciana); cierres parciales de centros (Murcia); reducción de horarios en los centros de salud (Baleares, Extremadura); paralización de construcción de hospitales (Castilla-La Mancha)…
No obstante, buena parte de los ahorros para este año (así como de 2013) no solamente están centrados en las medidas de personal, inversiones e infraestructuras que de manera más o menos generalizada han adoptado las distintas comunidades autónomas (ver EG núm. 565), sino que beben de la aplicación común de los reales decretos-ley en Sanidad y Educación. Las menciones a los ahorros en materia de Farmacia se multiplican en los planes de ajuste.
¿Estimación o necesidad?
Por primera vez desde que se conoció el contenido del RDL 16/2012, las comunidades han dan a conocer los detalles más o menos pormenorizados de los ahorros esperados en cada una de las medidas. En algunas, como las relacionadas con la centralización de compras, el turismo sanitario, el copago farmacéutico o la reducción de la población asistida, la estimación es fácilmente cuantificable gracias a los sistemas de información.
Sin embargo, otras muchas asignaturas del decreto siguen pendientes de desarrollo. Su cuantificación lleva a una doble interpretación: o bien las comunidades han hecho sus cuentas como meras estimaciones, en base a escenarios de los cuales no se dispone aún de información suficiente, o bien lo han hecho como un mensaje al ministerio en función de sus necesidades.
Ocurre, por ejemplo, con los precios de referencia y precios seleccionados, una iniciativa con la que la Generalitat de Cataluña espera (¿o necesita?) ahorrar 36 millones de euros; o con la desfinanciación de medicamentos, que en el plan catalán aparece junto a un ahorro de 35 millones de euros. Otro bueno ejemplo es la reforma de la cartera de servicios: Cataluña espera ahorrar 96 millones; Madrid, 95; Baleares, 5,6…
En conjunto, muchos de los gastos que las comunidades piensan reducir tomando como base la factura farmacéutica parten como hipotéticos. Así lo reconoce el plan de reequilibrio de la Xunta de Galicia. Tras resaltar que la puesta en marcha del catálogo priorizado de medicamentos supuso un ahorro en la factura de farmacia de Atención Primaria de 102 millones de euros en 2011, el documento añade que “todos los objetivos de ahorro anunciados dependerán en todo momento de las medidas que a nivel de ministerio se adopten, tanto a nivel de precios como a nivel de marco legal que regule la farmacia no hospitalaria”.
En general, las previsiones para 2012 son tan importantes que, dentro del ahorro sanitario programado por las comunidades, la Farmacia vuelve a ocupar una de las primeras posiciones: el Gobierno de Cantabria, por ejemplo, tiene previsto ahorrar este año 26,7 millones de euros con las medidas del RDL; un buen pellizco de esa cantidad, más de siete millones, son en gasto farmacéutico. Junto a los ahorros programados, los planes de equilibrio también incluyen un resumen de las medidas llevadas a cabo hasta el momento. Llama la atención que en algunas, como La Rioja, los ajustes más significativos han seguido insistiendo en este campo.
Menos ingresos
Aunque en mucha menor cuantía, los planes de equilibrio autonómico contemplan ahorros generados a través de ingresos que también tocan a la sanidad. En este sentido, además, del euro por receta catalán es destacable la previsión del ejecutivo de Castilla-La Mancha para conseguir 85 millones en 2012 derivados de la recuperación del 50 por ciento de las inversiones realizadas en diversos hospitales, que se materializaran a través de un canon inicial por el uso de equipamientos e instalaciones.
No obstante, la medida más generalizada ha sido el céntimo sanitario y, más concretamente, la apuesta por exprimirlo al máximo. Este gravamen ya ha llegado o tiene previsto hacerlo en breve (4,8 céntimos por litro) en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha, si bien el Gobierno de María Dolores de Cospedal solo tiene previsto aplicarlo en 2012 para recaudar 23 millones de euros.
En un segundo grupo de comunidades autónomas están aquellas que se han decidido sumarse a este impuesto: tras Baleares, ahora les ha llegado el turno a Cantabria y Navarra. Esta comunidad lo ha puesto en marcha por la mitad de sus posibilidades, para generar un ahorro adicional de ocho millones de euros, pese a ser una de las regiones que menos necesidad tiene de este impuesto. Si la iniciativa prospera en País Vasco, tal y como intenta la Consejería de Salud, Aragón y La Rioja se convertirían en los últimos islotes que se resisten a implantar este impuesto.
Buena parte de los ahorros previstos para este año beben de los reales decretos-ley en Sanidad y Educación
La Xunta reconoce que los objetivos de ahorro en farmacia dependerán de las medidas que adopte el ministerio