Tras unas vacaciones más que ajetreadas, interrumpidas por el impacto de un brote de ébola que no entiende de pausas administrativas, el ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato empieza el curso político con una carpeta de asignaturas pendientes en mayor o menor grado.
Nuevo curso, nueva formación
El parón estival no ha conseguido apaciguar las aguas con respecto a algunos temas, como la troncalidad. Si bien este verano los profesionales sanitarios asistían a la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, tras años de incredulidad, ahora toca ponerlo en marcha. El nuevo curso abre sus puertas con demandas judiciales por parte de algunas especialidades que siguen sin ver con buenos ojos el Real Decreto de Troncalidad. De momento, esta semana algunas sociedades científicas como Semes volverán a sus tareas para consensuar el modus operandi ante la recién estrenada ley.
Los profesionales asistieron a finales de julio a la presentación oficial del RD de troncalidad en el Consejo de Ministros. De momento, tal y como aseguró hace un mes el director de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza, ahora toca reunirse y formar las comisiones de especialidades que se encargarán de los programas formativos. Castrodeza señaló que ahora la pelota está en el tejado de las comunidades autónomas, que serán las encargadas de su desarrollo, que tendrá que producirse en los próximos 24 meses. Además, durante el próximo mes está pendiente que el ministerio se reúna con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) para analizar las aristas del decreto que no convencen a los estudiantes.
Gestión clínica
En materia de gestión clínica, el Foro de la Profesión Médica tiene pendiente reunirse con el ministerio al inicio de este nuevo curso. Los deberes se quedaron hechos antes del verano cuando Sanidad validó el documento de trabajo que elaboró el Foro, con un acuerdo total entre ambas partes.El siguiente paso corresponde ya a Sanidad y es decidir qué rango legal le otorga al documento sobre gestión clínica y que éste sea aceptado plenamente, para su aplicación, por las distintas comunidades autónomas en defensa de sus competencias. Además, está pendiente la resolución por parte del Consejo de Estado sobre el reglamento de funcionamiento del Foro de las Profesiones Sanitarias, donde se detallará la composición, funciones, dinámica de funcionamiento, etc… Tras esto, los profesionales tendrán que consensuarlo.
Receta electrónica
En lo que va de legislatura, la ministra de Sanidad ha realizado especial hincapié en las políticas de ehealth. De hecho, el Gobierno y las comunidades autónomas trabajan para que la receta electrónica interoperable pueda ponerse en funcionamiento a principios del año próximo. Ya se han realizado con éxito diversas pruebas piloto entre regiones.
Un informe reciente del ministerio de Sanidad publicado durante el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud puso de manifiesto que más del 77 por ciento de las recetas que se dispensan en España son de tipo electrónico. En una primera lectura las conclusiones podrían ser positivas pero el estudio revela carencias en una serie de comunidades autónomas que podrían desbaratar el objetivo del departamento que dirige Ana Mato.
En regiones como la madrileña, la prescripción electrónica no había llegado aún a la mitad de centros de salud, según el informe publicado a mediados de año. No obstante, existe un compromiso del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, para que esté instalada al 100 por cien en la comunidad.
Un registro “en prácticas”
Sanidad despidió el mes de julio zanjando en el Consejo de Ministros otra de las asignaturas pendientes desde hace años, la aprobación del Real Decreto que regula el Registro Estatal de Profesionales, publicado a mediados de agosto en el Boletín Oficial del Estado.
Superada la parte “teórica”, queda por resolver las cuestiones “prácticas”, que no es poco. El texto definitivo alarga de manera sustancial los plazos previstos por el ministerio inicialmente, aunque desde Sanidad se aseguró en su presentación que esperan que esté listo este año.
El texto publicado recoge que el soporte, formato y otras características de la transferencia de datos se determinarán por orden del titular de sanidad correspondiente, previo acuerdo del Consejo Interterritorial, lo que extiende los trámites previstos en el primer borrador, que establecía seis meses desde su publicación en el BOE para que los organismos implicados proporcionen sus datos. En la redacción definitiva, las entidades contarán con nueve meses para hacerlo, tres más, pero, además, tendrán que esperar a la publicación de esta orden para conocer el procedimiento. Recibidos los datos, el registro estará operativo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la citada orden, prolongando también el plazo de nueve meses previsto en un primer momento que, además, se vinculaba a la entrada en vigor del real decreto.
Ley de Colegios Profesionales
La aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales para el inicio de los trámites parlamentarios parece haberse estancado. Fuentes colegiales han explicado que se han producido desavenencias internas dentro del Gobierno por cuestiones que afectan esencialmente a abogados e ingenieros. Previsiblemente el proyecto de ley llegará al Congreso de los Diputados este mes de septiembre sin cambios en las cuestiones que afectan a los profesionales sanitarios.
El punto que más preocupa tanto a médicos como enfermeros es la libertad para escoger el lugar de colegiación, como propugna el anteproyecto de ley. Tanto la Organización Médica Colegial (OMC) como el Consejo General de Enfermería entienden que los profesionales sanitarios deben inscribirse en el colegio de la ciudad en la que ejerzan con el fin de garantizar el control sobre las infracciones y proteger así los derechos de los pacientes.
Las corporaciones consideran que en muchos aspectos la normativa supone una injerencia en el funcionamiento de las instituciones colegiales con la imposición de un límite de cuota o el establecimiento de mayorías de tres quintos en asamblea para el cambio de estatutos. Incluso el dictamen del Consejo de Estado advertía de que la tutela de las Administraciones estaba “planteada de una manera excesiva”.
Médicos y enfermeros prevén que puedan corregirse estas discrepancias con el Ministerio de Economía durante la tramitación parlamentaria de una norma que valoran de manera positiva. Ambos consejos han aplaudido aspectos positivos de la futura ley, que ha terminado con el debate sobre la libertad de colegiación
Financiación autonómica
Fuera del “plan de estudios” del ministerio, pero con más repercusión en la sanidad que muchas de sus tareas, queda pendiente la misión más difícil de todas: la reforma de la financiación autonómica, pospuesta sin fecha en el horizonte.
Ni en vacaciones han cesado las peticiones de algunos presidentes autonómicos, como es el caso de Alberto Fabra, que en pleno agosto aseguraba que harían falta 1.000 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación de sanidad y educación de la Comunidad Valenciana. El jefe del ejecutivo valenciano ha insistido en la necesidad de corregir un modelo del que se ha generado “una perversión”, porque en su diseño no se contempló que pudiera “no cubrir” estos servicios mínimos.
La urgencia con la que los responsables regionales reclaman un nuevo modelo contrasta con la parálisis del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular, Cristóbal Montoro, anunció en junio que no es el momento para debatir un nuevo modelo que, según las previsiones, iba a ser elaborado a lo largo de este año.
