Madrid, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja no han hecho públicos sus informes de evaluación sobre el modelo de financiación, pero sus propuestas generales son conocidas, en buena parte porque ninguna región quiere ir sola en el debate de la financiación y muchas han decidido aliarse para hacer frente común. Las peculiaridades compartidas por algunas pueden ser determinantes para el futuro modelo.
Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja han mantenido reuniones con Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. De ellas ha surgido alguna alianza para que el modelo valore adecuadamente los criterios de territorio, densidad, dispersión y envejecimiento para garantizar los servicios públicos, que en el modelo vigente solo están reconocidas con un peso del 3 por ciento. Algunas, incluso, anunciaron su intención de buscar alianzas con otras regiones europeas afectadas por su mismo problema.
Además de reformar el peso de las variables, otro principio básico que a juicio de estas regiones debe presidir la reforma del modelo tiene que ver con el reconocimiento de la evolución creciente de las necesidades de gasto de las autonomías, en especial de los gastos vinculados a la prestación de servicios que componen el Estado de Bienestar. De ahí que las seis regiones defiendan que la reforma parta de un incremento global de los recursos. Junto a ello, piden también que el reparto de los fondos se lleve a cabo con más transparencia y se evite diferencias entre comunidades.
En este caso, la comparación no solo toca a las autonomías de régimen común, sino principalmente a las forales. Según La Rioja, por ejemplo, la financiación por habitante en Navarra y País Vasco es más de un 60 por ciento superior a la del resto de comunidades autónoma. Más allá de las premisas generales, en los argumentos de las comunidades que han buscado alianzas de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación pesan también efectos peculiares que el modelo de 2009 ha tenido en su gasto.
Galicia
Según la consejería de Hacienda de Galicia, el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica han provocado un sobrecoste sanitario anual de aproximadamente 500 millones de euros frente al resto de comunidades autónomas. Para la Xunta, el envejecimiento no es cosa del futuro. En la actualidad el 23,1 por ciento de su población supera los 65 años, un punto más de la proyección que realizó el Instituto Nacional de Estadística para el conjunto de España para 2023.
Las cifras hacen “evidente”, en opinión del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, que el coste medio anual sanitario en Galicia ya se sitúa claramente por encima del que corresponde al conjunto de España, así como que su financiación resulta insuficiente. El factor dispersión provoca, por su parte, que en esta comunidad autónoma un facultativo de atención primaria preste servicio por término medio a más de 15 entidades singulares, mientras que en España la media se sitúa en dos.
Madrid
La Comunidad de Madrid no ha firmado alianzas, aunque alguna de sus reclamaciones va en la misma línea de otras regiones. Su propuesta más novedosa, que también lanzó Extremadura, es la aportación a la solidaridad de las comunidades forales: Navarra y País Vasco. Si estas dos regiones aportasen con los mismos criterios, contribuirían con 3.200 millones, según indicó el presidente regional, Ignacio González, en el Club Siglo XXI.
La principal arma con la que el ejecutivo regional madrileño concurre al debate financiero es que recibe fondos por debajo de la media del conjunto de comunidades, siendo como es, la que más aporta a la caja común y a la solidaridad interregional: solo este año, según informan desde la consejería de Hacienda, han sido 3.900 millones de euros para financiar servicios sociales en aquellas regiones cuya capacidad recaudatoria no es suficiente para cubrir el coste de esos servicios. Y sin embargo, los cálculos oficiales estiman que la región ha perdido 2.473 millones como media anual en los últimos cinco años.
A grandes rasgos, la postura de Madrid encuentra líneas coincidentes con Cataluña y Baleares, que también denuncian que son de las que más recaudan y, sin embargo, menos dinero reciben. En este sentido, Madrid advierte que el sistema actual no reconoce a unos 350.000 madrileños a efectos de financiación, que en el caso de la Sanidad, y tal y como reconoció el consejero Javier Rodríguez en una entrevista en EG, asciende a más de 600.000.
Cantabria
La única comunidad cuyos intereses parecen no cuadrar del todo con el resto es Cantabria. Esta región, de hecho, se enfrenta al hndicap de ser la más beneficiada del sistema, según los cálculos de varias autonomías. Entre las que han aireado la comparación están la Comunidad Valenciana, que asegura que habría recibido 4.000 millones de euros más si hubiera recibido el mismo trato que Cantabria; o Canarias, que afirma que sus ciudadanos reciben del sistema 858 euros menos de lo que recibe cada ciudadano cántabro.
La visión que aparece en el informe cántabro es muy diferente. Según Europa Press, los datos recogidos en este documento indican que en Cantabria los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica entre 2007 y 2011 se han reducido un 6 por ciento (107,87 millones de euros menos), mientras el gasto público en sanidad, por ejemplo, creció un 14 por ciento. De cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, Cantabria quiere conseguir que los criterios de dispersión y envejecimiento tengan más peso específico en el reparto de fondos.
Además, según Efe, Cantabria cuestiona que ni para la distribución inicial de recursos adicionales ni para la determinación de la población ajustada se considera el componente de coste fijo que les supone a las comunidades de tamaño más reducido la prestación de los servicios públicos. Especialmente habla de los costes fijos de Sanidad.
