La situación que viven las oficinas de farmacia de nuestro país no es la mejor para un colectivo que en la última década ha sufrido 21 medidas regulatorias, que han conllevado una serie de recortes y han provocado que el gasto en medicamentos haya pasado de experimentar crecimientos anuales superiores al 14 por ciento a decrecer, tal y como pasa actualmente. Una serie de circunstancias que en los últimos tiempos se han agravado por la crisis económica, que ha motivado una falta de liquidez en las administraciones públicas y, por ende, a que en muchas comunidades autónomas se produzcan impagos de la factura farmacéutica a sus boticas.
En este sentido, cabe destacar que la situación de impagos a las oficinas de farmacia ha provocado que la relación entre administraciones y oficinas de farmacias se haya deteriorado gravemente. Fruto de esta situación se han producido protestas por parte de los farmacéuticos, que en el caso de Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana se han saldado con cierres patronales, indefinido en el caso de estos últimos.
Frente a estas protestas, las reacciones de los distintos gobiernos regionales han sido diversas. Sin embargo, el denominador común en todas las comunidades que tienen problemas para pagar a sus farmacias, una vez hechas las promesas de pago correspondientes, es poner sobre la mesas ideas que más que a solución suenan, según precisan los farmacéuticos, “a chantaje”.
¿Soluciones o ‘chantaje’?
¿Un ejemplo de las soluciones que los diferentes gobiernos autonómicos han esbozado para aplacar los ánimos reivindicativos de los farmacéuticos? En Castilla-La Mancha, el consejero de Sanidad de esta comunidad, José Ignacio Echániz, advirtió a los farmacéuticos tras el paro que llevaron a cabo el 11 de agosto de 2011 como protesta contra los impagos que estaba dispuesto a “cambiar las reglas del juego” si continuaba el ‘desafío’ al gobierno regional.
¿A qué reglas del juego se refería el consejero manchego? Él mismo lo especificó. Se puso sobre la mesa la necesidad de adoptar “medidas preventivas” para garantizar al ciudadano el acceso a los medicamentos, al tiempo que apuntó la posibilidad de cambiar la ley que regula el sector en Castilla-La Mancha y no descartó liberalizar el sector.
En el caso de Cataluña, más que medidas de presión a los farmacéuticos para que no llevasen a cabo el cierre patronal decretado el 25 de octubre como protesta de los impagos, se convirtió a este colectivo en un arma arrojadiza en la disputa entre las distintas administraciones: la central y autonómica. Todo ello con el nuevo copago y la tasa del euro por receta de por medio. Además, siempre subyace la amenaza de que los boticarios sean tratados como a un proveedor más y cobren la deuda más tarde.
Sin embargo, el penúltimo episodio del tira y afloja entre farmacéuticos y administraciones regionales se produce en la Comunidad Valenciana, autonomía en la que se lleva un cierre patronal indefinido desde el pasado 5 de noviembre. Una ‘huelga’ que ha provocado que la cuerda que une la relación entre administración y boticas se haya tensado tanto que, incluso, han surgido rumores acerca de la posible reforma del sistema farmacéutico valenciano. ¿En qué consistiría esta modificación? Se trataría de elaborar un plan que supondría que los hospitales y los centros de salud dispensasen directamente las medicinas más recetadas por el sistema público de salud. Una medida a la que, incluso, acompañaban números: afectaría a 38 medicamentos, entre ellos diez antibióticos; sería necesario contratar a unos 300 licenciados en Farmacia, cuyo coste sería de entre cinco y ocho millones de euros.
Este gasto sería absorbido por el ahorro de 240 millones de euros que generaría una medida con la que se dejaría de pagar el margen de beneficio que aplican las farmacias. Eso sí, a pesar de estas concreciones, el vicepresidente del gobierno regional, José Ciscar, negó que esta fuese la intención de la Generalitat.
Amenazas para negociar
Este tipo de actitudes por parte de las administraciones regionales hacia sus farmacias provoca malestar dentro de un colectivo que, tal y como precisan, se siente “perseguido”. Sobre este particular, el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, manifestó que los anuncios y declaraciones que afloran cuando se producen protestas por parte de farmacéuticos “son amenazas para que, a la hora de negociar con nosotros, nos puedan apretar lo máximo posible”.
Sin embargo, desde la patronal estatal de oficinas de farmacia advierten que una cosa son las amenazas y otra muy distinta que estas se puedan llevar a cabo. “La mayoría de estas amenazas no pueden llevarse a cabo porque para ello habría que cambiar leyes estatales que, aunque pueden hacerlo, es poco viable”. Asimismo, incidió en que en algunos casos, como los rumores en la Comunidad Valenciana, “quien hace la amenaza no ha hecho números de lo que supondría llevar a cabo la amenaza”.
Con la patronal coinciden desde el Consejo General de Farmacéuticos, desde donde precisan que el problema se encuentra en que, al tratarse de un sector regulado, “no existe una relación de igual a igual y no se da un pulso equitativo”. En este sentido, incidieron en la necesidad de tratar de buscar un equilibrio en las negociaciones porque “de los impagos se termina saliendo, no así de un cambio total de las normas”.
