Algunas consejerías de Sanidad de diversas comunidades autónomas se han mostrado perplejas al comprobar la información que el Ministerio de Sanidad ha hecho pública en su web sobre preguntas frecuentes ante el nuevo modelo de prestación farmacéutica.En concreto la primera de las preguntas y respuestas es la que ha provocado diversas conversaciones entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías ya, ante la pregunta de si “las personas con discapacidad tienen que pagar por sus medicinas”, Sanidad indica que “de acuerdo a lo recogido en el RD-ley, se rigen por su normativa en vigor. Las personas con grado de discapacidad superior al 33% estarán exentos de aportación en prestación farmacéutica”. Esto supone que 2,3 millones de personas estaría exentas del copago. Esta cifra es precisamente el número de personas que tenían reconocida una discapacidad superior al 33 por ciento según datos recogidos en el Informe Olivenza 2010 realizado por el Observatorio estatal de la discapacidad.
Esta afirmación ha generado una gran inquietud en las consejerías de Sanidad dado que supondrá de hecho aplicar una cobertura gratuita a un gran número de personas que a día de hoy tienen que hacer frente a copagos. Además, fuentes de alguna de estas consejerías destacan que la ley no fija ese límite del 33 por ciento. Y es que, según el apartado 8 del nuevo artículo 94 bis de la Ley de Garantías, entre las exenciones a los copagos estarán las de “afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica”. Una redacción que no indica ningún porcentaje de discapacidad, tal y como asegura la web de Sanidad.
Más allá de los problemas económicos que se podrían generar, mientras existan discrepancias entre Sanidad y las consejerías, la existencia de esta interpretación en el sitio web del ministerio de Sanidad podría generar problemas en los puntos de dispensación ante una interpretación que no es compartida por, al menos, algunas comunidades autónomas.
Regulación fuera del BOE
Pero este caso no sería algo insólito en la regulación de la sanidad, especialmente en los últimos tiempos. En la web del Ministerio de Sanidad se hizo público hace unas semanas un powerpoint con un procedimiento de dispensación en oficinas de farmacia ante una prescripción por denominación comercial que no se ajustaba a lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2012, lo que podría provocar litigios y diferencias entre las comunidades autónomas. Del mismo modo, la web de Sanidad ha establecido, sin soporte legal alguno, los procedimientos de repescas mensuales a realizar para ajustarse al sistema de precio más bajo.
