Que el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha aprendido de los varapalos que recibió con las dos primeras compras centralizadas de productos sanitarios y medicamentos, parece claro. Con algunas excepciones, como en el caso de los contratos derivados en la compra de productos sanitarios, que pueden dar lugar a problemas en la atención a determinados pacientes, por limitar la adjudicación a un único producto, las compañías ven con buenos ojos la mecánica y entran al juego.

Es el caso de los acuerdos marco de factor VIII recombinante o de inmunosupresores. En el primero de los casos, entraron todas las compañías invitadas y, en el segundo, podría ocurrir igualmente. No obstante, hay una cuestión que me llama poderosamente la atención y sobre la que creo, no hay transparencia. Es el cálculo de los precios unitarios máximos que el Ingesa establece. El organismo se escuda en que son “los precios de mercado”, pero la realidad es que es imposible de saber. Lo único conocido es que, con respecto a los precios de venta laboratorio (PVL) hay grandes diferencias entre productos que están en el mismo procedimiento. A unos se les pide un 10 por ciento de rebaja, mientras que otros deben asumir más de un 28 por ciento.

Es cierto que las compañías que no estén de acuerdo pueden recurrir, pero creo que todo sería más transparente y limpio si todos supieran de dónde y cómo salen esos precios. Total, ya se dice el descuento.

@JoseMLAlemany en Twitter