José María López Alemany
La evaluación económica promete ser uno de los principales protagonistas de la política sanitaria de la presente década. Eso en nuestro país, que está a la zaga de Europa, ya que hay otros que nos llevan décadas de ventaja.
La cuarta garantía, como se está empezando a denominar a las evaluaciones económicas, requiere ser en sí mismo garantía para todos los agentes del sector. Para la Administración, de manera que le permita obtener la información y datos necesarios para la toma de decisiones en función de la eficiencia. Para los pacientes, que se deberían ver beneficiados de la utilización de tecnologías y medicamentos eficientes y adecuados para su trastorno. Y, cómo no, debe ser también garantía para las compañías farmacéuticas de manera que vean que la innovación se valora y se fomenta su uso, ya que su utilización compensa los costes. En este sentido, las compañías innovadoras deberían ver recompensados sus esfuerzos por obtener medicamentos cada vez más innovadores.
Por todo ello, avanzar en la implantación de un sistema de cuarta garantía para la fijación de precios, reembolso y compra de medicamentos debe ser, ante todo, consensuado con los agentes del sector y se debe asegurar que los análisis sean objetivos y transparentes. De otro modo se caería en la mala práctica de utilizar la evaluación económica para restringir usos, situación que podría darse actualmente, y no para optimizar y priorizar la utilización de los recursos.
Empezar por crear una metodología común a toda España y potenciar su uso en todos los agentes es necesario. Y, en un futuro, imprescindible.
