José María López Alemany
La Administración sanitaria en nuestro país es experta en retorcer la ley hasta límites insospechados. Juegan con la seguridad de que muy pocos se atreverán a ir a los tribunales ya que un sector absolutamente regulado como el farmacéutico tiene que verse las caras con la Administración día sí y día también con una dependencia total.
El último caso es la exigencia de descuentos del 7,5 por ciento en los concursos de vacunas. Da igual que muchas de ellas no se encuentren en el listado que, según indica el Real Decreto Ley 8/2010 tiene que hacer la Dirección General de Farmacia, un listado que contiene todos los medicamentos que tienen que realizar los descuentos así como su cuantía. Da igual que se hayan convocado los concursos y que se dejen desiertos sin razones objetivas para ello. Da igual que se trate de productos no reembolsados y que su uso se realice desde los servicios de Salud Pública. Lo importante es arañar un 7,5 por ciento adicional de descuento al ya realizado en las fases de concurso.
Y si para lograrlo hay que argumentar que el listado que se publica cada mes en la web del Ministerio de Sanidad no tiene seguridad jurídica, pues se hace. Independientemente de que ese mismo medio, sea el que se emplee para comunicar al sector las variaciones de precios a través del nomenclátor o también la web sea el vehículo para remitir a todos los agentes los proyectos normativos que por ley se les tiene que entregar.
La ley hay que cumplirla y si está mal hecha y genera problemas habrá que reformarla y no perjudicar siempre al sector en beneficio de la Administración. De otro modo sí que faltará seguridad jurídica.
