Aunque de momento alivie un poco a los farmacéuticos andaluces la suspensión de la aplicación del Decreto-ley 3/2011 decretada por el Tribunal Constitucional, no creo que esta decisión, al igual que lo que ocurrió con la resolución que convocaba las subastas, se mantenga mucho tiempo.

Los jueces están hoy en día por la labor de facilitar a los gobiernos cualquier actuación que suponga una reducción del gasto público, aunque ello sea a costa de poner en jaque a todo un sector. Es cierto, en cualquier caso que los abogados de la Junta de Andalucía se esforzaron más que los del Gobierno central a la hora de defender los argumentos de cada una de las partes y, tal vez eso decantó la decisión del Tribunal Constitucional en la anterior ocasión. Ahora, lo lógico es que ocurriera lo mismo.

Como decía, parece que la crisis es justificación suficiente para tomar cualquier tipo de justificación. Otro de los ejemplos es el debate abierto sobre la desfinanciación de la vacuna del VPH. Se trata de la primera intervención eficaz que previene en un elevado porcentaje de casos el cáncer de cuello de útero y sus costes, al igual que los de todas las vacunas, son muy reducidos en comparación con el coste sanitario total. La vacuna del VPH se podría mantener solo con el 0,5 por ciento de los ahorros estimados por el Gobierno con el RDL 16/2012, ya que su facturación en 2011 fue de aproximadamente 30 millones. La decisión se ha aplazado unos meses.

En ambos casos, el sector y los pacientes, lejos de sentirse aliviados y lanzar las campanas al vuelo, deben trabajar para impedir que, tanto las subastas como la desfinanciación de productos que son casi imprescindibles, se produzcan.

@JoseMLAlemany en Twitter