José María López Alemany
Los baremos utilizados para la adjudicación de las farmacias en nuestro país están cuestionados, tanto dentro como fuera. Y no es de extrañar, ya que hay algunos requisitos exigidos en diferentes comunidades autónomas que poco o nada tienen que ver con la capacidad del farmacéutico para ejercer su profesión de la mejor manera y así dar a los pacientes una atención sanitaria de calidad.
Pero el problema adicional que nos encontramos en España es que las diferentes autonomías valoran de distinto modo las aptitudes, experiencia y formación que deben tener los nuevos farmacéuticos de su territorio. Así, no es de extrañar que estos baremos hayan sido puestos en la picota por el abogado general del Tribunal de Luxemburgo Miguel Poiares en su informe relativo a la conocida como cuestión prejudicial asturiana.
En España existe un único Sistema Nacional de Salud y los farmacéuticos españoles (y europeos) deberían tener que cumplir unos requisitos idénticos en todo el Estado para poder acceder a las oficinas de farmacia. La diversidad de baremos y valoraciones existentes en nuestro país para esta cuestión no es más que la muestra de una incongruencia perpetrada en los últimos diez años.
¿Qué ocurrirá cuando los tribunales, que lo harán, obliguen a unificar los baremos en todas las comunidades autónomas? Pues que, además del problema sanitario relacionado con acordar los criterios exigibles, se unirá el problema político, mucho mayor que el anterior, acerca de la autonomía y el derecho a legislar de cada territorio. Un paso atrás que, tal vez, no muchos estén dispuestos a dar.