Zimbabue juzgará a varios cooperantes por dispensar “sin licencia” antirretrovirales
Todas las acciones de nuestras ONG farmacéuticas son avisadas a las autoridades
a.c.
Madrid
La comunidad internacional de cooperantes recibió la semana pasada una triste noticia: un grupo de compañeros estadounidenses fue detenido en Zimbabue por dispensar antirretrovirales a enfermos de sida “sin contar con licencia para ello”, según las acusaciones vertidas sobre ellos por las autoridades locales. De cara a la opinión pública, puede ser difícil entender que se castigue esta altruista labor en un país que ostenta uno de los mayores índices mundiales de sida. Sin embargo, aunque también les entristece, son las propias ONG las que recuerdan que hasta las acciones de solidaridad deben regirse por unas reglas del juego, y que tampoco en este campo de la ayuda sanitaria “el fin justifica los medios”
Un caso semejante sería muy difícil que sucediese con las ONG sanitarias españolas, ya que, según indica Ángel Huélamo, director técnico de Farmacéuticos sin Fronteras (FSF), “ninguna de nuestras actuaciones son improvisadas ni mucho menos a espaldas de las autoridades locales”. En este sentido, precisa que “los que trabajamos en ONG somos los primeros que consideramos un grave error, por ejemplo, coger una mochila y recorrerse el país en cuestión repartiendo medicinas sin criterio alguno”.
Todo “bien atado”
En el caso de FSF, desde el mismo inicio de cualquier proyecto, como puede ser la preparación del material sanitario que se llevará o enviará al país de destino, todo se efectúa bajo la supervisión de las autoridades, tanto nacionales como del país de destino. Así, es la propia Agencia Española del Medicamento (Aemps) la que certifica al país beneficiario de la donación que se trata de medicamentos con certificación oficial.
Para obtener esta catalogación, el material debe haber cumplido una serie de premisas establecidas por la propia Organización Mundial de la Salud, como que su comercialización esté autorizada en el país de origen, que correspondan a principios activos incluidos en la lista internacional de Medicamentos Esenciales, que les reste más de un año para su caducidad o que estén etiquetados en el idioma del país receptor. “El objetivo es evitar que cualquier problema suponga la denegación del envío”, resume el director técnico de FSF. Una vez se encuentren en el país de destino, deberá ser una organización local quien los distribuya.
Respecto a los pasos a seguir en actuaciones sobre el terreno, éstas no pueden contradecir las normas sanitarias del país. ¿Un ejemplo? “Si sus leyes no permiten la instalación de botiquines, no podemos levantar estas estructuras, ni siquiera tratándose de una situación de emergencia ni mucho menos por considerarlo un proyecto sumamente ventajoso para la población”. Incluso en aquellos casos en los que si se ha podido poner en marcha estos botiquines, como así ha hecho FSF en países como Venezuela, “es preferible que sean gestionados por profesionales locales”, avisa Huélamo.
Precisamente, la comunicación con los organismos sanitarios autóctonos es otro paso que no se debe saltar. “Es habitual que antes de arrancar el proyecto contactemos no sólo con las autoridades locales sino con organismos sanitarios, incluso farmacéuticos, que pudiesen existir en el país para informarles también a ellos de nuestras intenciones”, dice Huélamo. Un contacto “que no siempre es fácil de efectuar pero no por ello hay que obviarlo”, sentencia.
