La frase ‘Salvan bancos, pero no personas’ está empezando a ser una verdad incómoda, a juicio de las principales organizaciones europeas de la sociedad civil que consideran que la Unión Europea no puede continuar exigiendo sacrificios mediante recortes en servicios básicos como la asistencia sanitaria sin tomar medidas para prevenir sus efectos en la población. Ocho de ellas han aprovechado el inicio de la Presidencia de turno de Lituania para dar un nuevo paso en su ofensiva para conseguir un marco de acceso sostenible a los medicamentos.
“Un derecho innegable que se escabulle” es el título de una declaración conjunta que agrupa, entre otros, a la Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA), Médicos del Mundo o la Fundación Salud por Derecho. Los firmantes creen que esta acción debería mandar un fuerte mensaje a la Presidencia de Lituania para hacer progresos decisivos en el campo del acceso a los medicamentos hasta el 31 de diciembre. Se basan para ello en informes nacionales que sugieren cada vez con más fuerza que los problemas empeoran “y que no hacer nada ya no es una opción”.
Por ello, la declaración incluye una serie de recomendaciones (ver tabla) “para evitar un desastre de salud pública”. La primera de ellas parte del reconocimiento de que “hasta la fecha, la Comisión Europea no ha llevado a cabo ningún estudio para analizar los efectos inmediatos de las medidas de consolidación fiscal sobre la salud”.
Las primeras recomendaciones parten por tanto de que evalúen, no solo las adoptadas por los estados en los dos últimos años, sino también todas aquellas que puedan implementarse como consecuencia de las propias recomendaciones de la Troika. Al mismo tiempo, las organizaciones piden a los estados que, en lugar de seguir adoptando medidas cortoplacistas, se enfrenten a las taras estructurales de los sistemas sanitarios, “como el elevado precio de ciertos medicamentos” innovadores.
Directiva de Transparencia
Cáncer, enfermedades raras, patologías autoinmunes, hepatitis, tuberculosis, sida… Son algunos de los ejemplos que, para las organizaciones firmantes, muestran cómo las diferencias de precio en las innovaciones influyen en los problemas de acceso detectados en muchos países de la UE.
Los firmantes muestran su interés en cambiar las reglas del juego farmacéutico, donde el uso de estrategias como los descuentos impide conocer los precios reales de transacción de los medicamentos. “Una negociación bien informada puede ser una manera efectiva de controlar el gasto farmacéutico sin constreñir los servicios de salud a la hora de reducir los presupuestos sanitarios”, asegura la declaración, que añade que “la transparencia de las decisiones de reembolso y de los datos de ensayos clínicos es absolutamente imprescindible para una toma de decisiones racional”.
Las demandas en este ámbito vienen encabezadas por un cambio en la Directiva de Transparencia, que incluya la creación obligatoria de una base de datos online con información comparable sobre todo tipo de precios (de adquisición, de reembolso, PVP) en los Estados miembro. Esta herramienta, según las ocho organizaciones, debería ser accesible al público y actualizada anualmente por la Comisión en base a la información remitida por los estados.
La importancia que la declaración otorga a la Directiva de Transparencia no está reflejada, sin embargo, en el programa sanitario de la nueva presidencia de turno con el carácter de “alta prioridad”. Lituania ha mostrado su intención de dar pasos en torno a esta iniciativa, aunque sus grandes metas están situadas en otros asuntos: las directivas relativas al tabaco, los ensayos clínicos y los productos sanitarios.
EPHA y el resto de firmantes reconocen que las causas de los problemas de acceso detectados en Europa son complejas y necesitan de soluciones en diversos ámbitos. Por ello, solicitan a la Presidencia de Lituania que lidere un debate enfocado también a la I+D, y no solo a las políticas de precios. La idea es generar “modelos sostenibles de innovación” que promuevan tanto las necesidades de la innovación farmacéutica como del acceso equitativo a los resultados de esa investigación.
El modelo actual, dicen los firmantes, “no satisface las necesidades no cubiertas”, ni la equidad en el acceso. “Para que la investigación financiada con fondos públicos revierta en el bien general, se necesita un nuevo marco legal”, añaden. Su propuesta insta no solo a que la industria informe exhaustivamente de sus costes de I+D, sino también a desvincular los costes de esa I+D del precio final de los fármacos.
Este objetivo implicaría también la colaboración de los estados. La sociedad civil les anima a estudiar la posibilidad de comprar algunos productos de forma centralizada, y de llevar a cabo colaboraciones de I+D farmacéutica para el desarrollo de productos específicos en los campos del cáncer, sida, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades crónicas.
