En el ranking de sectores clave para la economía europea, ordenados según pérdidas por impagos, la Sanidad está ya a la cabeza. Es el que más deterioro ha sufrido en el último año, con un incremento del 17 por ciento en sus pérdidas a consecuencia de las facturas no abonadas. Pasa del 2,9 por ciento en 2011 al 3,4 por ciento en 2012, superando la media del resto de sectores (que pasó del 2,7 al 2,8 por ciento), según el Índice de Riesgo que anualmente elabora la multinacional Intrum Justitia.
Para el índice 2012 fueron consultadas cerca de 8.000 empresas de 28 países. El diagnóstico es malo para las economías del sur: Italia, Grecia, Portugal y España, y particularmente negativo para esta última. El 80 por ciento de las empresas españolas asegura tener problemas de liquidez derivados de retrasos en los pagos, un 4 por ciento más que el año pasado. La cifra es muy elevada en comparación al 57 por ciento de media en Europa o el 37 de Finlandia.
La comparativa se repite en el sector sanitario. Del total de las 8.000 empresas consultadas, las vinculadas a los hospitales, farmacias, compañías farmacéuticas y proveedores de productos médicos confirman que en el sector salud europeo el 45 por ciento de las facturas no se paga en el plazo acordado, aunque la situación no es igual de grave en todos los países. En la actualidad, la Administración pública europea paga al sector sanitario en un plazo de 63 días de media. La española, en cambio, paga en 242 días, según los últimos datos de Fenin.
Garantías de pago
El Gobierno español ha puesto en marcha ya varios mecanismos de pago que hasta ahora solo han servido para paliar el problema, y no en todas partes. No ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde aún se mantiene la huelga indefinida de las oficinas de farmacia.
A la espera de una solución, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una petición para que la ministra de Sanidad, Ana Mato, informe en la Cámara Baja sobre las medidas que piensa adoptar ante la “gravísima situación” que, según el PSOE, se genera por los impagos a las oficinas de farmacias valencianas y catalanas y que, según la solicitud, “ponen en riesgo la accesibilidad de los pacientes a la medicación que necesita para el tratamiento de sus patologías”.
La petición pretende también que Mato explique qué medidas piensa adoptar para evitar la extensión del problema a otras comunidades. A falta de saber si la ministra comparecerá, la última vez que lo hizo fue en febrero, Mato aseguró que la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Congreso al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 permitirá incorporar una disposición adicional que ofrezca garantías de pago a los proveedores en los supuestos de adquisición mediante centrales de compras.
Sin embargo, la costumbre de la Administración de no pagar lo que debe se ha convertido en una tendencia que ha instalado el pesimismo entre las empresas. El 52 por ciento de ellas, según el estudio de Intrum Justitia, espera que el riesgo de impago se incremente en los próximos meses, un porcentaje que en el caso de España sube hasta el 59 por ciento.