Aunque la falta de acceso a la atención sanitaria y a los tratamientos farmacológicos sigue siendo el principal problema para la salud pública a nivel global, la entrada en el mercado de medicamentos falsificados es un fenómeno que preocupa, y mucho, a las autoridades sanitarias de todo el mundo. Esto es al menos lo que se desprende del informe Falsified Medicines and the global Public’s Health, publicado por la UCL School of Pharmacy, que incluye la solución de este problema como uno de los objetivos prioritarios para el siglo XXI en el ámbito de la sanidad, cuyo cumplimiento dependerá de que dicha solución se aplique de forma coordinada.
A esta conclusión se ha llegado tras comprobar que se trata de una realidad que se ha extendido de forma indiscriminada. Y es que, aunque afecta en mayor proporción a las regiones con regulación y mecanismos de vigilancia más débiles, los países occidentales tampoco han podido evitar su proliferación. Tal es la magnitud del fenómeno, que los fármacos falsificados han trascendido ya las fronteras del mercado virtual para instalarse en los establecimientos convencionales.
Así, según el cálculo realizado para la realización de este informe, las ventas de este tipo de medicamentos podrían representar en torno al 1 por ciento del mercado farmacéutico total, que en 2012 podría terminar por encima de los 1.100 billones de dólares.
Para dar respuesta a semejante amenaza, la UCL School of Pharmacy recomienda que se refuerce la cooperación entre los distintos actores implicados, de modo que deje de ponerse en peligro la salud de los pacientes, así como la credibilidad de las autoridades sanitarias, los proveedores de fármacos, así como los facultativos y los farmacéuticos.
En este sentido, y pese a que se reconoce un cierto aumento de la toma de conciencia con respecto al problema, el informe apunta la necesidad de que sea la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que tome las riendas en el asunto y coordine la manera de poner freno a estas prácticas. Para ello, deberá emprenderse una labor intensiva de supervisión global y tendrá que promoverse una mayor cooperación en la política de formación y en la gestión de la información.
Asimismo, a nivel regional será necesaria la colaboración interestatal, dejando de lado los posibles conflictos de intereses que pudieran surgir entre los distintos países y poniendo la defensa de la salud pública en el foco de todas las actuaciones que se promuevan en este sentido. Por último, el informe llama a la promoción de programas públicos a nivel nacional, en línea con las estrategias y los estándares globales.
La implicación de “agencias regulatorias internacionales, la Interpol y la Unión Mundial de Consumidores, así como las agencias nacionales, organizaciones de consumidores y pacientes, los profesionales y la propia industria”, será también clave, según el informe, para cumplir con el objetivo.
