Con la reforma sanitaria el Ministerio de Sanidad dice estar cumpliendo con los objetivos que se marcó al inicio de la legislatura: devolver la confianza a los ciudadanos en el futuro del sistema, haciéndolo más equitativo, moderno y eficiente. Sin embargo, su titular, Ana Mato, y su equipo tienen todavía que superar muchos obstáculos de carácter económico, político, técnico y social para que el mensaje de tranquilidad que intenta trasladar sea realmente efectivo.
A nivel político, el reto más importante que tiene el Ministerio de Sanidad para este año, máxime si su principal aspiración sigue siendo alcanzar un Pacto por la Sanidad, es demostrar su capacidad y voluntad para llegar a acuerdos. Durante todo un año Mato se ha escudado en la herencia recibida y en la necesidad de adoptar medidas urgentes para reformar el sistema a base de real decreto-ley.
El malestar de los grupos de la oposición en el Parlamento denota que poco recorrido le queda ya a esta forma de legislar, cuya continuidad podría suponer la ruptura definitiva de la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.
Este año, el ministerio tendrá por delante buenas oportunidades para intentar llegar a consensos, no solo con los grupos parlamentarios, sino también con el sector farmacéutico, uno de los grandes damnificados por la política de contención del déficit. La industria farmacéutica ha depositado muchas de sus esperanzas en la nueva normativa de precios y reembolsos de los medicamentos; los mayoristas, en el nuevo proyecto de Real Decreto de Distribución; los farmacéuticos, en unas garantías de pago que, pese a todos los esfuerzos realizados, continúan sin estar claras.
Cohesión y equidad
Sin embargo, la capacidad de llegar a consensos no solo depende de una parte. A lo largo de 2012, la imposibilidad de varias administraciones públicas de llegar a acuerdos ha generado otra costumbre: la de acudir a los tribunales para dirimir la constitucionalidad de varias medidas. La cohesión y la equidad del sistema sanitario han sido las principales víctimas de los fallidos procesos de diálogo abiertos para intentar llegar a un acuerdo, primero con las subastas de medicamentos en Andalucía; posteriormente con los decretos sanitarios aprobados en el País Vasco y en última instancia con el euro por receta catalán.
Otro asunto clave del nuevo ejercicio será precisamente intentar garantizar recuperar estos dos grandes valores del Sistema Nacional de Salud. A pesar de los dictámenes del Tribunal Constitucional que han permitido levantar la suspensión cautelar de las subastas andaluzas y de parte de los decretos sanitarios aprobados por el anterior Gobierno del País Vasco, estos tres asuntos continúan pendientes de resolución, por lo que ocuparán parte de la preocupación del ministerio.
A este respecto, y en relación al dictamen que permite al País Vasco seguir facilitando la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, el Ministerio de Sanidad, que sigue considerando inconstitucional la rebelión vasca, ya avisó que la tarjeta sanitaria que se les facilite no tendrá validez en otras comunidades autónomas.
Paz social y profesional
No serán, seguramente, las últimas piedras que el Ministerio de Sanidad se encontrará en el camino, en un ejercicio que, desde el punto de vista autonómico, será más complicado que el precedente. Cumplir a rajatabla los objetivos de déficit ya supuso un importante retroceso de los presupuestos sanitarios regionales en 2012, que se han visto obligados a bajar de nuevo para afrontar los objetivos de déficit del 2013.
La necesidad de hacer más con menos y de no gastar más de lo que se tiene impone la base de futuros recortes, que sin duda volverán a alimentar la imaginación de los gestores autonómicos. El trayecto recorrido hasta la fecha dibuja un mapa farmacéutico fragmentado y una crispación social y profesional sin precedentes en el Sistema Nacional de Salud, que en las últimas semanas del año vio como a las movilizaciones de los médicos en varias comunidades autónomas se unían las del colectivo de investigadores reunido en torno a la ‘Carta por la Ciencia’ en contra de los recortes del Gobierno en materia de I+D+i.
Precisamente, otro de los objetivos pendientes de la reforma sanitaria, una vez definidas las bases sobre las que se articulará la cartera común básica, es incidir en el marco regulatorio de los recursos humanos. Así, el Ministerio de Sanidad trabaja en el desarrollo del Registro Estatal de profesionales sanitarios, en la movilidad del personal estatutario, en un nuevo modelo retributivo y en la introducción de criterios de eficiencia en la gestión.
El primer año de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad ha sido intenso. Su labor ha girado básicamente en torno a uno de los textos más importantes de la historia del SNS: el Real Decreto-ley 16/2012, que estableció un conjunto de medidas para aportar más cohesión y rigor en la gestión de los recursos. Este decreto definió qué personas tienen derecho a recibir asistencia sanitaria pública y pueden beneficiarse de la cartera de servicios. Además, estableció una nueva cartera común que contempla tres carteras distintas: una común básica de servicios asistenciales; una suplementaria y otra común de servicios accesorios.
De ellas, solo la primera es íntegramente financiada por el sistema público, mientras que las otras dos están sujetas a la aportación del usuario. Hasta la fecha se han aprobado los decretos que regulan el copago farmacéutico y la desfinanciación de medicamentos, la cartera común suplementaria de la prestación ortoprotésica y la orden que establece el factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos.
