Tras muchos años tenemos ya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acerca de la legalidad del concurso de adjudicación de 24 oficinas de farmacia celebrado en 2002 en el Principado en base al decreto 72/2001, que fue impugnado por dos farmacéuticos y sobre el que se pronunció el 1 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo. Una sentencia, la del tribunal asturiano, que da un aviso sobre los criterios de planificación establecidos, en este caso en Asturias, para autorizar la apertura de una oficina de farmacia. Así, el TSJ de Asturias considera que los módulos de población por farmacia que establecía el decreto impugnado (2.800 para la primera) y la distancia mínima entre boticas (250 metros) son restricciones sobre las que tiene dudas de que puedan garantizar una adecuada prestación asistencial a todas las zonas del servicio farmacéutico. Es decir, que la aplicación estricta de estos criterios es, cuando menos, discutible.
La decisión, a pesar de lo que muchos puedan pensar, en ningún momento es contraria al establecimiento de criterios de planificación para garantizar esta prestación farmacéutica. Incluso, precisa que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo reconoce la potestad de los Estados miembro para establecer su política farmacéutica de cara a garantizar, de la forma que considere oportuno y siempre que esté justificado, este servicio. Sin embargo, en su fallo el tribunal asturiano apunta a que es necesario que estos criterios sean flexibles y se adapten a las necesidades específicas de los ciudadanos. Es decir, que los criterios del decreto impugnado eran demasiado generales para que su aplicación en toda esta comunidad autónoma garantizase la prestación adecuada del servicio. ¿Se impugnarán las autorizaciones? Suponemos que sí y todo se volverá a dilatar en el tiempo. ¿Cierres? Al final se solventará de otro modo. ¿Repercusiones en otras comunidades? Seguro que sí. Por cierto, no es legal primar a los farmacéuticos locales, algo que ya se apuntó desde Luxemburgo.
