El esperado informe de conclusiones del abogado general del Tribunal de Luxemburgo acerca de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que juzga el posible choque de la legislación asturiana que regula la apertura de nuevas oficinas de farmacia en el Principado con el derecho comunitario, vio la luz la semana pasada y dejó un sabor agridulce dentro del colectivo farmacéutico de nuestro país. O al menos lo debería haber dejado, ya que casi la totalidad del colectivo se dio por satisfecho con la exposición del abogado general Miguel Poiares Maduro.
No creemos que sea cuestión de debatir en este momento si la botella está medio llena o medio vacía, más cuando el abogado general reconoce la justificación por parte de los Estados miembro de medidas que restringen la libertad de establecimiento siempre que éstas persigan como objetivo garantizar la salud pública. Y la universalidad de un servicio farmacéutico de calidad en todo el territorio nacional justificaría las medidas de planificación en virtud de criterios demográficos y geográficos.
Hasta aquí, todo el mundo contento. Sin embargo, además de mostrarnos su gusto por William Shakespeare y de golpear en pleno rostro a las primeras de cambio a los ‘infelices miserables’ farmacéuticos, Poiares Maduro (portugués, sí, de esa Portugal liberalizadora) dice que los criterios de valoración para acceder a una nueva oficina de farmacia en Asturias no son coherentes ni consistentes con el objetivo que persigue la planificación. Es decir, que la planificación no se puede justificar cuando, por otro lado, existen unos baremos que chocan con lo que deben ser los objetivos de esa planificación. Así que, señores de las Consejerías de Sanidad, toca apretarse los machos, dejar los regionalismos a un lado y hacer cambios. Porque en Europa nos tienen ganas.
