El proyecto de Presupuestos Generales del Estado está en un momento clave de su tramitación. Los apoyos justos alcanzados en el Congreso de los Diputados no bastan, y el clamor generado en la comunidad científica y los grupos parlamentarios en general sobre el recorte destinado a la I+D puede conllevar un precio demasiado elevado. La rumorología parlamentaria apuntaba el viernes, fecha límite para presentar las enmiendas parciales, que el Grupo Socialista ya tenía elaboradas varias enmiendas para destinar a Ciencia e Innovación parte de los millones de euros que sirven de retén en la fase de tramitación de las enmiendas parciales. Aunque el propio José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado en varios foros que la I+D está garantizada con los presupuestos, no quiere que a ojos de la sociedad ‘parezca’ que el Gobierno español no se preocupa por la I+D.
Al cierre de esta edición, los grupos no habían registrado aún sus enmiendas parciales. Independientemente de lo que presenten, la I+D necesita más recursos, y cualquier incremento presupuestario no debe ir en contra de nuevas medidas de fomento a la inversión privada, sobre todo si, como resaltan la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, y el responsable del Carlos III, José Jerónimo Navas, los poderes públicos creen que la aparición del ‘mecenazgo industrial’ sigue siendo la asignatura pendiente del sistema español de Ciencia y Tecnología. En este sentido, es de agradecer el anuncio de la ministra de Economía, Elena Salgado, de que el proyecto de Ley de Economía Sostenible incluirá una aportación adicional para I+D+i tanto a través del Fondo Estatal para la Economía Sostenible como a través de medidas de estímulo fiscal. Pero en ocasiones, las aportaciones adicionales no bastan. Es necesario vincular la I+D industrial con medidas fiscales y nuevos incentivos.
