Por fin se llegó a un acuerdo en la Comunidad Valenciana para dar un primer paso que termine con una situación anómala, absurda y que no beneficia a nadie. Una situación, la de los impagos, que derivó en el cierre patronal de las oficinas de farmacia, que durante cuatro semanas han mantenido un pulso con la Generalitat para reclamar algo que es legítimamente suyo: que se les abone la factura farmacéutica. Es decir, que les paguen los medicamentos que dispensan a la población y que, en estos momentos, corre a cargo de los farmacéuticos valencianos desde el mes de junio. Ahora mismo, ya en el mes de diciembre, unos 450 millones de euros. Por eso, creemos que es muy importante que todo el mundo sea responsable, especialmente la administración pública, y se hagan las cosas bien. ¿Cómo? Cumpliendo el compromiso alcanzado y dejando atrás promesas con patas muy cortas, que se desvanecían nada más salir de la boca de los responsables del gobierno regional.
Sin embargo, no nos podemos llevar a engaño. Hay que ser conscientes de que la situación es dramática y que echar mano del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o de cualquier otra ayuda proveniente del Estado no es la mejor solución. ¿Por qué? Porque se trata únicamente de un parche, de un remiendo que no lleva aparejado una solución estructural a un problema que, mucho nos tenemos, se volverá a repetir si creemos que en estos momentos está solucionado. Y es que, el pago de las facturas a los farmacéuticos no puede depender del FLA, sino de unos presupuestos reales destinados a esta partida y de un análisis de prioridades a la hora de destinar el dinero. Si no se hace así, volveremos a caer de nuevo en el error de la autocomplacencia y dentro de poco el problema volverá a surgir. Y no solo en la Comunidad Valenciana, ya que la lista de comunidades con problemas va mucho más allá: Cataluña, Murcia, Baleares, Canarias, Castilla-León… Habemus pagos, sí, pero hay que preocuparse de cómo y con cargo a qué se hacen.
